Claudia Sheinbaum, virtual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que los ciudadanos participarán para diseñar el nuevo logotipo de la capital y que será la identidad de su administración.
En una entrevista con el medio Excélsior, Sheinbaum afirmó que se lanzará una convocatoria para invitar a jóvenes diseñadores o a fines para que participen en la creación de la nueva imagen que distinguirá su gobierno.
La convocatoria saldrá a finales de agosto en redes sociales y que también se analizan opciones para el lema que usará para los próximos seis años.
Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México cambió en diciembre de 2012, luego de tomar protesta, el logotipo de la Ciudad de México, la cual se volvió más sobria con respecto a la usada en la administración de Marcelo Ebrard.
En 2016, Mancera 'blindó' la marca "CDMX Ciudad de México" y "CDMX Mexico City" ya que publicó en la Gaceta Oficial los lineamientos para el uso, comercialización y explotación de dicha marca que se distingue por los colores rosa mexicano y blanco.
"La marca Ciudad sólo podrá ser utilizada por las personas autorizadas expresamente por el Fondo, en las condiciones y forma específicas que lo establezca, para los productos o servicios concretamente autorizados, los términos de toda autorización se interpretan de modo restrictivo", dice el documento.
"El Fondo utilizará y otorgará los permisos o autorizaciones para el uso de la marca Ciudad en campañas de promoción y publicidad a nivel local, nacional e internacional, ya sea en medios tradicionales, digitales o cualquier otro tipo existente o por existir".
"El uso de la Marca Ciudad tiene la ventaja de ser una herramienta que permite defender los intereses de la Ciudad, así como de sus diferentes públicos objetivos en las relaciones sociales y económicas que puedan darse".
Por lo anterior, cualquier persona que llegara a utilizar la marca, tiene 20 días para presentar una solicitud escrita de permiso para su uso y suscribir una carta compromiso para asegurar que no se usará "con fines políticos, religiosos y/o que contravengan al derecho y a las buenas costumbres".
De no hacerlo, podrían imponerse multas por 15% o 40% el valor de los productos o servicios que sean reportados con el uso de la marca. También se prevé amonestaciones, pago de indemnizaciones y reparación de daños ocasionados, retiro y destrucción de los productos que la usen.