El sector de la automoción ve más cerca la aprobación de una normativa de emisiones Euro 7 más suave en comparación con la propuesta realizada por la Comisión Europea hace ahora un año. El Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de la normativa de emisiones Euro 7. Una propuesta que suaviza las exigencias en materia medioambiental que propuso en su momento la Comisión Europea y que los fabricantes de vehículos criticaron por desviar las inversiones necesarias para desarrollar la movilidad eléctrica.
Así, el Parlamento Europeo ha aprobado por 329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones el nuevo reglamento que actualizará los límites actuales para las emisiones de escape (como óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y amoníaco), e introducirá nuevas medidas para reducir las emisiones de neumáticos y frenos y aumentar la durabilidad de las baterías.
Dicho texto, cuya única negociadora española ha sido la europarlamentaria Susana Solís (C's), contempla la aplicación de la norma Euro 7 dos años después -hasta 2027 para turismos y furgonetas y hasta 2029 para vehículos industriales y autobuses-. Esta propuesta mantiene las condiciones de prueba de la Euro 6 para evitar inversiones adicionales en motores de combustión, al tiempo que reduce los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) desde los 80 mg/km hasta los 60 mg/km que proponía la Comisión Europea. Por el contrario, la propuesta del grupo socialista contemplaba una reducción de estas emisiones hasta los 30 mg/km. Además, plantea un plazo de dos a tres años para su implementación.
Con respecto a los vehículos pesados, la propuesta recoge una reducción del 60% de emisiones con respecto a Euro 6 y un periodo de ejecución de entre cuatro y cinco años.
En cuanto a las baterías, "hemos tratado de establecer un mejor rendimiento de las baterías para así mejorar la confianza del consumidor en el coche eléctrico", asegura Solís. Así, deberán tener como mínimo un 75% de la capacidad original tras 10 años de uso en vehículos ligeros, y un 70% y 10 años para furgonetas.
Con respecto a las ruedas, la eurodiputada ha recordado que hay una regulación internacional en marcha que debería estar lista para 2026. Pero si esa regulación se estanca, el Parlamento pide a la Comisión Europea que establezca nuevos límites para junio de ese año 2026.
Por último, la regulación sobre frenos propuesta por Solís incluye una mayor ambición para los límites a los frenos regenerativos de vehículos con motor eléctrico y pasa de 7 mg/km a 3 mg/km.
Tras la aprobación de esta normativa por parte del Parlamento Europeo, los eurodiputados negociarán con los gobiernos de la UE la propuesta para reducir las emisiones del transporte por carretera -turismos, furgonetas, autobuses y camiones-. De hecho, Susana Solís confía en aprobar Euro 7 durante la Presidencia española del Consejo, antes de fin de año, o que al menos queden pendientes solo los últimos flecos legislativos.
Ahora, la Eurocámara presentará este proyecto a la negociación final con el Consejo de la UE y la Comisión Europea antes de que entre en vigor. Así, el informe está programado para ser adoptado durante la sesión plenaria de noviembre de 2023 y constituirá la posición de negociación del Parlamento con los gobiernos de la UE sobre la forma final de la legislación.
Desde la patronal europea de fabricantes de vehículos (Acea) han reconocido que el Parlamento Europeo ha votado a favor de un "enfoque más realista". No obstante, añaden que la Euro 7 "todavía tiene un precio elevado y se encuentra en un momento muy crítico en la transformación de la industria".
Por ello, ha pedido a los responsables políticos que garanticen que "prevalezca el realismo durante las negociaciones del diálogo tripartito y que no permitan que una Euro 7 desproporcionada descarrile los avances ya realizados por los fabricantes".
Desde la patronal europea de proveedores de automoción (Clepa) reconocen que "la propuesta de la Comisión Europea, con algunas salvaguardias, habría estimulado una mayor innovación, aprovechando la tecnología avanzada de vehículos que ya se encuentra en el mercado de la UE". Ahora, con la dirección que toma ahora el reglamento, "el coste previsto de su implementación ya no puede considerarse un problema". Y es que los fabricantes alertaron de que en caso de prosperar la propuesta de la Comisión, el coste de un vehículo se incrementaría en 2.000 euros.
