Los fallos de la tercera edición del Plan Moves de ayuda a la compra de coches eléctricos están poniendo en jaque la renovación de nuestro parque de vehículos. Existen varias trabas que dificultan la obtención de las ayudas a la compra. Alberto Cantero, CEO de Wenea, nos las cuenta.
En España, el plan de ayudas actualmente en vigor para acelerar y facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico es el Moves III. Sin embargo, esta tercera edición lleva lastrando problemas con su ejecución que, en lugar de incentivar la transición hacía la movilidad eléctrica, la están obstaculizando.
El Plan Moves III, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, ha partido de un presupuesto de 400 millones de euros y ahora ya ha llegado a los 1.200 millones de euros en ayudas directas para la movilidad eléctrica y la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como para la infraestructura de recarga.
El objetivo final del plan no es solo fomentar la renovación del parque automovilístico en España hacia la compra de coches híbridos y eléctricos, con ayudas que pueden ser de hasta 7.000 euros para turismos y 9.000 euros para furgonetas eléctricas, sino que también debe suponer un gran impulso para la instalación de puntos de carga, ya que, con estas ayudas, se cubre hasta un 80% (en localidades con menos de 5.000 habitantes) y no en un 40% como en el anterior plan.
Las trabas del Moves III
No obstante, existen varias trabas que están dificultando la obtención de dichas ayudas, lo que resulta perjudicial para las empresas y particulares que deciden comprar un vehículo eléctrico, según nos comenta el Alberto Cantero, CEO de Wenea (operador de carga del vehículo eléctrico). "De hecho, explica Cantero, las contrariedades parecen estar omnipresentes desde el inicio de la solicitud y continúan durante todo el proceso administrativo hasta su resolución, lo que significa que, en muchos de los casos, el comprador no ha recibido la ayuda hasta dos años después de hacer la adquisición".
Las ayudas del Moves III hay que declararlas
Cuando el comprador por fin recibe la ayuda, después de una demora excesiva, dichos ingresos tributan como "ganancia patrimonial no derivada de transmisión de elementos patrimoniales", por lo que habrá que declararlos. "En concreto, explica el directivo de Wenea, se aplicará un tipo del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el resto, es decir, si el beneficiario declara unas ayudas por 7.000 euros, debería pagar entre 1.330 euros y 3.290 euros, dependiendo de su nivel de ingresos. Más aún, en un escenario de elevada inflación como en el que estamos ahora, recibir el importe de la ayuda dos años después de haber realizado la compra del vehículo supone un menor valor adquisitivo del dinero que se le devuelve.
El proceso del Moves III es desalentador
En definitiva, existe una impresión generalizada por parte de los compradores de vehículos eléctricos de que perciben como extremadamente difícil la obtención de las ayudas. Quienes han optado por acceder a ellas hace más de un año, aún no han recibido resolución y van haciendo eco de sus quejas en las redes sociales, llegando a la conclusión unánime de que el proceso es sencillamente desalentador. Esto genera un efecto negativo en los potenciales compradores de vehículos eléctricos, que no acaban encontrando ese efecto incentivador que se espera de las ayudas, llegando incluso a provocar una menor demanda.
Se retrasa la puesta en marcha de puntos de carga
En cuanto a los operadores de redes de puntos de carga, "además de enfrentarnos a las tediosas trabas administrativas y al retraso en el abono del importe de las ayudas, añade el CEO de Wenea, Alberto Cantero, tenemos que hacer frente al retraso de las propias distribuidoras de electricidad que tardan meses en garantizar el suministro eléctrico con el consiguiente retraso en la puesta en marcha de cientos de puntos de recarga necesarios para satisfacer la demanda actual".
"Además, sigue diciendo Cantero, con respecto a las ayudas para el despliegue de infraestructura de recarga, estas se gestionan por organismos diferentes dependiendo de su ubicación, con lo cual cada organismo autonómico puede tener diferentes criterios a la hora de interpretar y aplicar la normativa específica, lo que puede crear confusión y retrasos en el proceso. Por ejemplo, el plazo para justificar estos requisitos varía significativamente entre comunidades, lo que genera una gran incertidumbre para los operadores. En el caso de Madrid, el plazo de justificación ha aumentado de 12 a 18 meses, dando un mayor margen de maniobra. Mientras que la Comunidad Valenciana, únicamente da un plazo de 6 meses desde la resolución de la ayuda".
Los puntos de carga se quedan obsoletos
Otro obstáculo importante es la construcción y puesta en marcha de la estación de carga. Según Cantero, "este proceso requiere un tiempo significativo y, como hemos mencionado, las distribuidoras tardan en suministrar la energía necesaria para ponerlas en marcha. En ocasiones, esto puede dar lugar a una situación en la que el equipo esté obsoleto antes incluso de su operatividad.
Además, en algunas comunidades autónomas te piden que el punto esté operativo en el momento de la justificación de la ayuda. Esto requiere que se cumpla la acción de la distribuidora, provocando un mayor retraso y complejidad en todo el proceso de despliegue, pudiendo darse el caso de tener el punto construido y perder el derecho a la ayuda al no haberse realizado dicha conexión en los 6, 12 o 18 meses establecidos".
Necesitamos ayudas directas en el propio concesionario
"Si queremos motivar el cambio y la tendencia hacia el uso de las tecnologías limpias, concluye el CEO de Wenea, necesitamos que las ayudas sean accesibles y los procesos de tramitación mucho más eficaces. No se trata de la cantidad de las ayudas, sino de la calidad de las mismas y, sobre todo, que garanticen la ayuda directa al comprador en momentos clave de la decisión de compra. Por ejemplo, directamente en el concesionario en forma de reducción de impuesto o en forma de descuento en la compra del modelo. Solo así, seremos capaces de estimular a todos los actores principales del sector, incluido el consumidor final, y motivar una transición real hacía la movilidad sostenible".