El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha abierto la puerta a que la segunda edición del Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte_VEC) pueda beneficiar a proyectos relacionados con la producción de modelos híbridos, una de las exigencias del sector.
No obstante, la titular de Industria, Reyes Maroto, confirmó en el Foro Anfac "La movilidad de Tod@s" que para que esta medida se pueda llevar a cabo "siempre y cuando cumpla el condicionante DNSH (relativo a no causar un perjuicio significativo al medioambiente), una taxonomía que tiene que cumplir cualquier proyecto de inversión que se financie con los fondos Next Generation". Una demanda que, sobre todo, beneficiaría al Grupo Renault, pues el consorcio francés ha hecho de España su polo de hibridación. De hecho, la segunda edición del Perte_VEC contará con 2.181,2 millones de euros restantes que no lograron adjudicarse en la primera edición. Asimismo, la titular de la cartera de Industria ha reconocido que están en conversaciones con el grupo indio Tata Motors, propietario de Jaguar Land Rover, y la eslovaca Innobat con el objetivo de que instalen en España plantas de baterías.
De otra parte, Maroto confirmó que han recibido el visto bueno de Bruselas para que las inversiones de la segunda edición del Perte se puedan acometer hasta 2028, así como la puesta en marcha de una nueva línea complementaria a la segunda convocatoria del Perte para que se puedan presentar proyectos individuales.
En otro orden de cosas, Maroto confirmó que ya se han movilizado 2.069 millones de euros en convocatorias, el 50% de los fondos de 4.295 millones con los que contaba el Perte del coche eléctrico.
Riesgo de cierre de fábricas
El presidente de la patronal de fabricantes (Anfac), Wayne Griffiths, también alertó del "riesgo real de cierre de fábricas" si no se modifica la normativa Euro 7. Una normativa que se negociará cuando España asuma en el segundo semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea. En opinión de Griffiths, "No tiene sentido apoyar la normativa Euro 7 de emisiones. Además de ser poco realista en los plazos, no tiene sentido por cinco motivos: solo supone una mejora marginal en la reducción de emisiones; quita inversiones en electrificación; no pone el foco en la calidad del aire; los coches van a subir de precio en 2.500 euros; va a afectar a los vehículos más pequeños que son los que fabricamos en España".
