El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso presentado por el Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento gijonés contra la Ordenanza de Movilidad de Gijón, por falta de memoria económica.
Así lo han destacado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el portavoz de Foro Asturias en Gijón, Jesús Martínez Salvador, y el concejal 'forista' Pelayo Barcia.
En este sentido, Foro Gijón exigirá que, desde mañana, cualquier vehículo, "sea cual sea su tipología", pueda volver a aparcar en zona ORA, igual que ocurría con anterioridad a esta normativa. "El Gobierno debe asumir su derrota", ha conminado Foro. De igual forma, aquellas casas en las que haya dos o más vehículos también podrán tener más de una tarjeta de residente y ninguna multa relacionada con este plan de ordenación tendrá validez", ha urgido Barcia.
Entre otras cosas, la demanda de Foro se centraba "en la insuficiencia de informes económicos; en que no se evalúa el impacto o efecto que estas medidas puedan tener sobre la competencia y el mercado en el ámbito del transporte y en que el Ayuntamiento decidió posponer las valoraciones económicas sobre ingresos y gastos públicos, una vez aprobada la norma, haciendo lo contrario que la Ley exige, que es valorar estas repercusiones a priori, en la fase de elaboración y aprobación", según el grupo municipal.
Con virtud a esta Ordenanza de Movilidad, por ejemplo, se establecía la prohibición de estacionamiento en la ciudad en zona ORA, y posteriormente de circulación, a vehículos que no tenían derecho a pegatina de la DGT.
El Ayuntamiento recurrirá
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha adelantado que el Gobierno local recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ganadas por Foro y por el PP, por las que se declara la nulidad de la Ordenanza Municipal de Movilidad.
Martín, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha argumentado que les ha alentado a recurrir el fallo judicial el que la propia sentencia apunta a la "complejidad y singularidad" del asunto y que alude a "composiciones jurídicamente sostenibles".
A este respecto, ha incidido en que el fallo judicial hace mención a que el informe económico que acompaña a la ordenanza es "insuficiente". Sin embargo, no cuestiona los objetivos de la demanda, según el edil. Martín ha recalcado que los efectos jurídicos de la ordenanza se alargan en el tiempo, por lo que los ingresos vendrían condicionados, entre otras cosas, por unas Ordenanzas Fiscales marcadas para cada año.
Incluso ha indicado que las restricciones que recoge la ordenanza tienen un impacto económico "muy pequeño", a lo que ha apuntado que las siguientes medidas que registren la circulación a vehículos sin etiqueta ambiental serán de aplicación en 2026, si bien se acordó revisar estas en 2025.
Respecto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ha matizado que tienen ordenanza propia. Sobre ello, ha remarcado que desde el Gobierno local defendían y defienden que las previsiones económicas no afecta a la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, al suponer algo más de 300.000 euros de un presupuesto consolidado de más de 300 millones de euros.
Ha reiterado, en este caso, que hay jurisprudencia que permite dilatar los gastos en el tiempo, y que tendrán que ver con el desarrollo de la ordenanza. Ha agregado que para desarrollarse en su plenitud esta ordenanza, se prevé el desarrollo de otras ordenanzas como las de ZBE. Con todo, el edil ha remarcado que "en ningún caso" se pone en cuestión las medidas establecidas.
Preguntado por la apreciación que hace la sentencia acerca del coste que puede implicar, especialmente a actividades profesionales que tengan que cambiar el vehículo por otro con distintivo ambiental, ha considerado que ahora no hay implicación económica y, en cualquier caso, dependería mucho de las decisiones que se fueran tomando y del desarrollo de las ZBE.
A esto ha sumado que las decisiones son "relativas" y que en la actualidad el porcentaje de vehículos sin distinto DGT está a la baja. "No conozco que los coches duren eternamente", ha afirmado.
"Es un reto indispensable luchar por la salud pública y contra la contaminación", ha defendido Martín, quien ha recalcado que en España se producen 25.000 muertes prematuras al año por contaminación, una buena parte por coches de combustión, y una gran parte de esta parte en grandes ciudades.
En este contexto, ha reivindicado el derecho como ciudadano a la salud pública. "No nos equivocamos, esto es imparable", ha asegurado sobre la lucha contra la contaminación y el camino hacia una movilidad más sostenible.
Por último, el concejal ha aclarado que es una sentencia declarativa, y hasta que no sea firme no se puede pedir la ejecución de la misma ni medidas cautelares, por lo que continuará "todo como está, ha adelantado.
"Aluvión de demandas"
La demanda de Foro fue llevada a cabo por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores y la misma que 'tumbó' en su día Madrid Central.
Por su parte, Devuelta ha augurado que en los próximos meses habrá un "aluvión de demandas" judiciales contra medidas similares en otros municipios de España, en el caso de que los Ayuntamientos no se atengan a lo dispuesto por la Ley a la hora de decretar ordenanzas derivadas de las medidas de restricciones de movilidad para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades de más de 50.000 habitantes.
También han llamado la atención como el TSJA se hace eco de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el caso Madrid Central, ya que existen "claros paralelismos" entre las dos ordenanzas municipales, recurridas ambas por Dvuelta. En ninguno de ellos, los informes aportados por los respectivos ayuntamientos "alcanza la categoría de informe económico justificativo de la aprobación de una ordenanza tan relevante desde el punto de vista económico", han asegurado.
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