Pendientes de cómo quedará finalmente el reglamento que dará forma a la transposición de Mifid II, aprobada recientemente por el Gobierno y que ha calcado el literal de la directiva europea, la industria española de inversión sigue reclamando una mayor flexibilidad en la adaptación de la norma, sobre todo en lo referido al cobro de retrocesiones.
Pendientes de cómo quedará finalmente el reglamento que dará forma a la transposición de Mifid II, aprobada recientemente por el Gobierno y que ha calcado el literal de la directiva europea, la industria española de inversión sigue reclamando una mayor flexibilidad en la adaptación de la norma, sobre todo en lo referido al cobro de retrocesiones. Una posibilidad que la directiva restringe a tres supuestos y que en la transposición de la norma no ha recogido la cuarta opción que pedía Inverco.
Esos supuestos se refieren a la prohibición de cobrar retrocesiones en el asesoramiento independiente y la gestión delegada de carteras y su limitación en otros modelos de negocio solo en el caso de que ofrezcan algún valor añadido para el inversor.
La patronal del sector reclamaba otra opción que se ajustara más, a su juicio, al sistema tradicional de distribución de fondos en España, como ha hecho también Alemania, en la que los clientes pudieran conocer antes y después del proceso de comercialización de los fondos la cuantía exacta del incentivo que se llevan los distribuidores.
Con la aprobación en octubre del decreto ley por el Congreso de los Diputados, para acelerar los trámites, el sector está a la espera de cómo quedará la redacción final del reglamento, donde se podría recoger de alguna forma esta petición de más flexibilidad a la hora de poder cobrar retrocesiones.
Durante el encuentro celebrado este jueves por Inverco sobre regulación financiera, distintos representantes del sector ofrecieron su versión sobre cómo puede perjudicar a los inversores españoles no tener en cuenta la idiosincrasia de nuestro modelo doméstico.
"Las listas cerradas no son un problema. Las listas cerradas con tres opciones, sí", aseguró Patricia Rodríguez, asesora de mercados financieros de la Asociación Española de la Banca. "Para Europa no eran más que unos ejemplos pero en España han quedado como supuestos cerrados", recalcó.
Alfredo Oñoro, director de cumplimiento normativo de la CECA, insistió en que se está intentando imponer el modelo anglosajón de asesoramiento y "los clientes se van a encontrar sin ningún apoyo".
Para Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, con este modelo se desviará a los clientes hacia plataformas online, que pueden suponer "un verdadero infierno" para quienes no están acostumbrados a las herramientas digitales. "¿Será esto mayor calidad?", se preguntó.
Aunque los intervinientes no lo mencionaron, la esperanza del sector es que por lo menos se elimine la necesidad de tener que ofrecer "al menos el 25% del total de los productos de la misma categoría procedentes de terceras entidades para considerar que existe el aumento de calidad del servicio", tal y como recogía la nota de prensa del Ministerio de Economía cuando se aprobó el decreto ley, pero que que no este texto explícitamente.
"No hay un texto cerrado. Y eso crea incertidumbre a la hora de aplicar las normas", advirtió Oñoro, para quien las entidades y los distribuidores "hemos ido a trompicones y seguimos sin saber cómo quedará el reglamento".
