El eterno debate generado en torno a la posibilidad de eliminar las sicavs como instrumento de ahorro, por seguir considerándolas como productos exclusivos de los grandes patrimonios, invita a buscar otras opciones de ahorro colectivo que cuenten con una mayor seguridad fiscal y jurídica y mejor fama, como las carteras de fondos y los 'unit linked'
Esta semana se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de si tiene o no sentido modificar el régimen fiscal de las sicavs que les permite tributar al 1 por ciento en lugar de al 25 por ciento en el Impuesto de Sociedades por ser consideradas como un instrumento más de inversión colectiva y que permite, al igual que sucede con los fondos de inversión, el diferimiento fiscal hasta el momento en que se rescate el capital. El debate ha surgido ante la posibilidad de que el PSOE accediera a la eliminación de las sicavs españolas tal como las conocemos hasta ahora para contentar a Podemos y conseguir su apoyo en la negociación de los Presupuestos pero desde el Gobierno han negado la mayor, según han afirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a elEconomista.
Aunque parece que tampoco esta vez la sangre llegará al río, la mera resurrección de un asunto siempre sujeto a mucha demagogia ha vuelto a incidir en esa falta de seguridad jurídica que en los últimos años ha provocado un constante aumento de las liquidaciones en este tipo de sociedades de capital variable. De hecho, solo en lo que va de año 41 sicavs han solicitado su liquidación a la CNMV lo que reduce a 2.793 el total de sicavs que hay domiciliadas en España, un 14 por ciento menos que en 2016 cuando los partidos políticos publicaron en sus programas electorales sus planes de, como mínimo, más regulación, para estos instrumentos de ahorro que atesoran 30.000 millones de euros en activos bajo gestión.
Esos activos no están solo en manos de los ricos sino que también hay mucho pequeño inversor que participa del capital de estas sociedades. De hecho, las sicavs cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a un precio por acción que, de media, es de 10,66 euros por lo que todo inversor puede comprar participaciones como acciones siempre que el bróker incluya esa posibilidad, claro. ¿Qué pueden hacer esos inversores particulares si la política acaba con estos instrumentos de ahorro? Hay varias opciones.
La más defendida por los expertos es la de traspasar el patrimonio (las sicavs que tengan al menos 500 inversores permiten los traspasos sin tener que tributar a Hacienda) a una cartera de fondos de inversión, ya sea contratando una cartera gestionada con alguna entidad o creándose ellos mismos una cartera de fondos. "Hace ya tiempo que no hace falta tener sicavs cuando se pueden tener fondos muy buenos. Nunca ha sido un producto que haya merecido la pena para el particular", afirma Victor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos expartícipes de sicav al convertirse en partícipes de fondos "pierden la soberanía de sus inversiones ya que dejan de tener influencia en la composición de sus carteras", recuerda Fernando Estévez desde Diaphanum. Además, es importante resaltar que son pocas las sicavs que disfrutan de la ventaja del traspaso fiscal, ya que de las 2.700 que se comercializan en España apenas una veintena cuentan con al menos 500 partícipes.
Diferente es el caso de quien opte por derivar el dinero que tiene invertido en sicavs en unit linked domiciliados en Luxemburgo o Irlanda, la opción que más se está potenciando para los clientes de grandes patrimonios. La principal diferencia con respecto a los unit linked españoles, además de la privacidad que ofrecen ya que no hay ningún tipo de información pública al respecto, es que en caso de insolvencia de la aseguradora, el patrimonio del inversor está protegido. Además, este tipo de unit linked permite mucha flexibilidad en cuanto a los activos a incluir en el seguro. "En los de Luxemburgo hay libertad absoluta para invertir en lo que quieras a partir de patrimonios de 3 millones y en Irlanda no hay limitación en cuanto a la diversificación por activos desde el primer euro que se invierte aunque la inversión mínima para contratarlos suela estar en torno a los 500.000 euros", apunta Jacobo Zarco desde atlCapital. Eso sí, según fuentes del sector no es un producto que se esté contratando de manera masiva porque exige un alto conocimiento financiero y fiscal por parte del inversor y porque implica que las entidades deriven parte de su negocio a aseguradoras que no son de su grupo.
