Han pasado ya 900 días desde que el Partido Popular destapó la caja de pandora al proponer en su programa de 2015 que cada inversor deba poseer un porcentaje mínimo del 0,55% del capital de una sicav para que computen como los 100 accionistas necesarios para constituir una sociedad. Una medida que frenó ipso facto el nacimiento de nuevos vehículos y que fue apoyada, además, por Ciudadanos en 2016 en su acuerdo de legislatura, quienes añadieron la idea de devolver el control de las sicavs a la Agencia Tributaria. Y a pesar de que 2017 cerró como el peor año de la historia en creación de sicavs, ambos partidos políticos aseguran a elEconomista que mantienen la intención de llevar esta reforma adelante.
Desde entonces, no se había vuelto a hablar nada más al respecto, hasta que hace apenas un par de semanas Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hizo un llamamiento a los partidos políticos durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para hacer balance del ejercicio de 2017: "Nos gustaría que se despejara lo antes posible la incertidumbre regulatoria que puede haber habido en algún momento en torno al régimen fiscal de las sicavs", reclamó Albella. Algo que ha provocado una deslocalización de vehículos a sitios como Luxemburgo, explicó, a pesar de que, "analizadas con cierta atención, no tienen un privilegio con el alcance que se quiere presentar".
A raíz de estas declaraciones, ningún partido se ha puesto en contacto con la CNMV. No obstante, aseguran a elEconomista que pretenden seguir adelante con estas medidas para remodelar las sicavs. "Además de en el programa electoral, esa propuesta es el punto número 8 del acuerdo de legislatura entre el PP y Ciudadanos. Para nosotros el acuerdo está en vigor, por lo que seguimos comprometidos para afrontar ese asunto", aseguran desde el Partido Popular. Una propuesta que desde C's siguen respaldando también "sin más novedades".
Trabas al particular
El verdadero problema de que esta medida llegue a buen puerto es que elevaría el acceso a estas sociedades. En concreto, el inversor pasaría de pagar los 10 euros donde, de media, se sitúa el valor liquidativo actual de las sicavs, hasta los 29.000 euros, que supondría el 0,55% de la mediana del patrimonio de las sociedades domiciliadas en España. Según Fernando Luque, editor senior para Morningstar en España, "el patrimonio está muy mal repartido entre los partícipes, por lo que es difícil ver cuál es la cantidad media de cada uno". Así que insta a utilizar la mediana.
Hay que recordar que hoy en día cualquier inversor puede acceder a ellas porque cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a través de una participación, equivalente al valor liquidativo al que coticen que, como máximo, se eleva a 1.113 euros actualmente, según los datos de Morningstar, en el caso de la sicav Catoc.
Por este motivo, los expertos se oponen a que esta reforma salga adelante. En primer lugar, porque esta medida "va en contra de la colectividad porque eleva mucho más el umbral", explicaba Marta Zárate, responsable de desarrollo de negocio de Lierde, a este diario. Precisamente, esta sociedad, donde César Alierta, expresidente de Telefónica, invierte parte de su patrimonio personal junto a otros inversores, fue una de las primeras sociedades en ponerse en contra de esta medida. En noviembre de 2016 advertía que, de materializarse esta amenaza, se convertiría a fondo. Y de hecho, como paso previo, el pasado mes de marzo la CNMV dio luz verde a su nueva gestora.
Claro que no es la única que opina que esta medida perjudicaría a las sicavs. Luis Urquijo, director de inversiones de Ábaco Capital, califica esta medida "de difícil implementación" porque, poniendo el caso de que esa sociedad se comercialice activamente, el porcentaje en posesión de cada accionista irá variando con la entrada y salida de capital.
Los casos más extremos
Si se analizan los ejemplos de aquellas sicavs que tienen al menos 500 accionistas y, por tanto, permiten que los traspasos no tributen por las plusvalías generadas hasta el momento del rescate (como los fondos de inversión) en algunos casos la inversión mínima subiría hasta 7 millones de euros -ver gráfico-. Es el caso de Torrenova Inversiones, ya que es la mayor sociedad por patrimonio en España (gestiona 1.386 millones en activos) o hasta 3 millones de euros en el caso de Cartera Bellver, que reúne un patrimonio de 605 millones, según los datos de Morningstar.
Son más baratas que los fondos
La comisión de gestión media de las sicavs es del 0,55%, por debajo del 1,20% de los productos mixtos, su mayor comparable. Se debe, según los expertos, al mayor poder de decisión de estas sociedades y su menor comercialización. Además, tributan igual que los fondos: mientras se mantengan las participaciones, tributan por el 1% de los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, además de diferir el pago sobre las plusvalías en el IRPF. Y, cuando se vendan las participaciones, como ganancias patrimoniales (al 19, 21 y 23 %).
