
Madrid, 31 ene (EFE).- El contrato de los 550 empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) de la red de Metro de Madrid se subrogará a partir de mañana, primer día de febrero, después del conflicto laboral con la empresa, que no les ha abonado sus nóminas desde octubre del año pasado.
La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha hablado hoy sobre esta subrogación tras una visita al depósito de Hortaleza, resaltando que el proceso se ha llevado a cabo "con la mayor celeridad posible y con la mayor garantía de seguridad jurídica".
Gonzalo ha apuntado que este era un problema que preocupaba "muchísimo" a la administración regional ya que "ha habido un número importante de trabajadores de la casa que no han cobrado de la empresa a la que Metro estaba pagando".
"Estamos de enhorabuena porque el objetivo se ha conseguido, y por supuesto no han sido tiempos fáciles, pero la Administración ha sido capaz de darle respuesta a una situación que nos habíamos encontrado por la irresponsabilidad y la mala praxis de la empresa Seguridad Integral Canaria", ha concluido la consejera.
La portavoz de la sección sindical de UGT en la empresa de seguridad, Valle Sanz, ha indicado a Efe que ese proceso "no se ha acelerado tanto" como les hubiera gustado ya que el contrato que les vinculaba a SIC se ha prorrogado en hasta dos ocasiones desde el final del mismo, en julio del 2017.
"Estos cuatro meses no los hemos cobrado, y en febrero seguiremos sin cobrar, en una situación que es muy, muy dura. Esto se ha permitido porque se ha consentido desde la Administración con esas dos prórrogas de contrato", ha denunciado Sanz.
La portavoz sindical también ha destacado que esta subrogación no se ha conseguido "gracias a la acción de la consejera", sino por el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada que, en su punto 14, reconoce el derecho a subrogarse de los empleados de seguridad en un amplio marco de acción.
Sanz ha criticado también que Seguridad Integral Canaria "no ha facilitado los datos a las empresas entrantes" hasta el viernes pasado, es decir, tres días hábiles antes de que concluyera el mes, por lo que las nuevas adjudicatarias "han tenido que hacer encaje de bolillos" para incluir al máximo número de trabajadores afectados posible.
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