Quedan apenas tres semanas para que el Ministerio de Economía transponga la Directiva europea Mifid II y son pocas las certezas que ya se conocen teniendo en cuenta que el plazo se agota y que el Ministerio de Economía ni siquiera ha sacado el borrador que permita a las entidades decidir qué quieren ser en el futuro: entidades de asesoramiento independientes, no independientes o comercializadoras.
Sin embargo, organismos como la ESMA (European Securities and Markets Authority) tratan de paliar esta falta de claridad que se ve sobre todo en el mercado español con la publicación de varias de las directrices que tendrán que implementarse una vez entre en vigor la Directiva, en enero de 2018.
Entre esas directrices figura la que se refiere a la gobernanza de productos que lo primero que hace es diferenciar entre complejos y no complejos y entre los primeros ha incluido a los fondos garantizados. Un tipo de productos que no son muy frecuentes en otros mercados europeos pero sí en España, donde mueven 22.000 millones de euros, un 9,3% de todo el patrimonio que hay en fondos españoles, según Inverco. Y quizá esto explique que la CNMV decidiera en el año 2016 incluirlos en una lista de productos que consideraba complejos, como ahora ratifica la autoridad europea.
"La ESMA considera ahora que todos los productos que no tengan el formato Ucits (calcula que el 60% lo son) son automáticamente complejos y esto implica que ya no se podrán vender a iniciativa del cliente como sí se hacía hasta ahora. La decisión de ESMA ha sorprendido mucho a EFAMA (Asociación europea de IIC) que está trabajando para ver si pueden solucionar este tema", afirmó ayer Elisa Rincón, directora general de Inverco, en un encuentro con periodistas con motivo de Mifid II.
Además de esa distinción entre lo que considera producto complejo o no complejo, ESMA establece toda la información con la que deberá contar un producto antes de ser comercializado. Una información que deberá facilitar la distribuidora y que recogerá de quien fabrica el producto (la gestora). A este respecto siete son los puntos que deberá especificar. Entre los más novedosos se encuentra el de especificar cuánto porcentaje del capital puede perder, el conocimiento financiero que debe tener el inversor para contratar ese producto o lo que llaman "el mercado objetivo negativo" que no es otra cosa que especificar a quien no va dirigido el producto en cuestión.
Como ejemplos, ESMA analiza cinco productos y uno de ellos es un fondo garantizado de renta variable. En este caso especifica que el inversor deberá demostrar experiencia con productos estructurados, entender el riesgo de contraparte y el rating del banco, estar dispuesto a perder el 100 por cien de su patrimonio y a estar cautivo en el mismo, e incluso reconoce que las distribuidoras solo deberían vender estos productos a través de sus asesores y no solo de comercializadores.
¿Qué hay de los incentivos?
Pero si hay un asunto de Mifid II que preocupa a la industria es el del cobro de retrocesiones. A este respecto desde Inverco han pedido a Economía que incluya un cuarto supuesto que permita a las comercializadoras seguir cobrando retros incluso aunque no ofrezcan productos de terceros. "Proponemos que se establezca una herramienta automatizada que de propuestas al inversor en base a su perfil que incluyan fondos, bonos, acciones o productos de terceros ya que permitiría dar un servicio añadido", apunta Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Y es que temen que las limitaciones en cuanto al cobro de incentivos acabe por llevar a las entidades a dejar de comercializar fondos en favor de otros productos limitando el acceso del pequeño inversor que en España, es mayoría ya el 82% de los inversores tiene menos de 20.000 euros en fondos.
