Madrid, 14 feb (EFE).- Enagás estudiará si se presenta a la nueva licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), después de que el pasado 23 de enero el Gobierno de Perú rescindiera la anterior concesión a un consorcio en el que participaba la empresa española, ha afirmado hoy el presidente de la gasista, Antonio Llardén.
La constructora brasileña Odebrecht, con una participación del 50 %, ENAGAS (ENG.MC)y Graña y Montero, ambas con un 25 % cada uno, eran hasta el pasado mes de enero las compañías concesionarias para la construcción de este gasoducto que suponía una inversión de 7.328 millones de dólares (6.907 millones de euros).
El Gobierno peruano decidió rescindir el contrato por los recientes escándalos de corrupción que afectan a la constructora brasileña y en los que incluso podría estar implicado el expresidente de Perú Alejandro Toledo.
Llardén, que ha presentado hoy los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio 2016, ha afirmado que para ellos "no es un prioridad" si pueden estar presentes en la nueva concesión.
"El que estemos en un consorcio no es objeto de nuestro interés ahora mismo, nos interesa ayudar al país", ha señalado Llardén.
El pasado 23 de enero, el ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo Flores, explicó que las normas del contrato establecen que el Gobierno tiene un plazo de un año para convocar una nueva licitación del gasoducto.
La interrupción de la concesión peruana ha tenido un impacto negativo en las cuentas de Enagás de 41,5 millones de euros, según los resultados presentados hoy.
"El problema fundamental de GSP ha sido una circunstancia muy concreta que ha afectado al socio mayoritario -en referencia a Odebrecht-, no por cuestiones de ingeniería", ha concretado.
El presidente de Enagás también ha señalado que a título particular la empresa ha hecho una auditoría interna para analizar este caso y el resultado ha sido que no ha encontrado "ningún indicio" que permitiera presuponer este problema.
"GSP no afecta a las relación con el Gobierno peruano, que está siendo exquisita", ha concluido Llardén, quien ha explicado, por otra parte, que el mecanismo previsto de compensación por la cancelación de la obras cumple con la normativa internacional.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano contempla una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.
En enero, cuando fueron cancelados los trabajos, fuentes del consorcio afirmaron que la instalación de las tubería estaba avanzada en más de un 10 %.
