Hoy concluye el plazo otorgado por Perú al grupo constructor Odebrecht para que presente el cierre financiero del GSP o transfiera el 55% de sus acciones en el proyecto, obligado por el monumental escándalo de corrupción en el que está inmerso.
Sin embargo, el presidente del país, Pedro Pablo Kuzcynski, ha preferido no esperar y hace un par de días anunció que Enagás y Graña y Montero -los socios minoritarios del proyecto, con un 25% y un 20%, respectivamente- se quedarán con la participación de Odebrecht.
Ayer, no obstante, Enagás anunció el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el cierre financiero del proyecto no podrá estar listo antes del 23 de enero de 2017, lo que "podrá dar lugar a la terminación de la concesión", que abarca hasta 2048. Fuentes del sector indican que la decisión de concluir la concesión ya la ha adoptado el Gobierno.
De acuerdo con la legislación del país, tras anular la concesión vigente, ésta debe volver a subastarse y, con la suma obtenida, se debe abonar a los socios del GSP hasta un 72,25% del valor contable de la concesión, menos los gastos incurridos en el proceso de subasta.
Recuperar todo lo invertido
Enagás aclara a la CNMV que según los términos de contrato de concesión "y demás acuerdos firmados entre los socios", "recuperaría la inversión realizada en el proyecto", que hasta la fecha ronda los 200 millones de euros. El plazo máximo legal es de tres años, pero el Gobierno lo quiere resolver en unos seis meses.
Enagás, preguntado por elEconomista sobre su interés en participar en la nueva puja y seguir adelante con el proyecto, ha preferido no adelantar acontecimientos, aunque ha subrayado sus excelentes relaciones con las autoridades.
El Gobierno, por su parte, anhela que el GSP, evaluado en unos 5.000 millones de dólares, llegue a buen término. El propio presidente, en alusión a la situación provocada por la salida de Odebrecht, ha declarado que "estamos muy interesados en que se haga el ducto al sur, pero de una manera limpia".
La planificación del GSP indica que debería entrar en operación en marzo del 2019. Actualmente, las obras del gasoducto, de 1.134 kilómetros de longitud, han avanzado alrededor de un 30 por ciento, tras una inversión de 1.500 millones de dólares.
