La administración del próximo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se caracteriza por ser una de las más acaudaladas de la historia. Con multimillonarios como Wilbur Ross en el Departamento de Comercio o Betsy DeVos en el de Educación, por mentar algunos, la fortuna del próximo gobierno, que tomará las riendas del país oficialmente el próximo 20 de enero, supera los 14.000 millones de dólares. Una cifra que incluye, entre otros, a Todd Ricketts, nominado a subsecretario de Comercio y cuyo patrimonio supera los 5.300 millones de dólares.
El desembarco de empresarios como Rex Tillerson, hasta ahora consejero delegado de Exxon Mobil y quien está nominado al Departamento de Estado, y otros importantes inversores y multimillonarios en la administración publica requerirá a muchos de ellos deshacerse de algunas inversiones. Un requisito ético pero que, a su vez, se convierte en un importante incentivo para que muchos de estos funcionarios puedan deshacerse de millones de activos sin pagar impuestos por ello.
Esta maniobra del código fiscal, que se lleva ofreciendo durante años (1989 aproximadamente) a los nominados a ocupar un cargo dentro del ejecutivo estadounidenses se ha utilizado como paliativo a la hora de obligar a estos individuos a vender activos (normalmente en renta variable) de forma inmediata una vez comiencen su periplo en la administración pública. Esta medida, bajo el código de Sección 2634 de la legislación ética federal y también conocida como "certificado de desinversión" tocará muchas fibras sensibles bajo la próxima administración.
Hasta la fecha, como hemos comentado, muchos de los nominados de Trump amasan patrimonios miles de millones de dólares y muchos de ellos podrán vender parte de estos activos sin tener que fiscalizarlos. Así, por ejemplo, Tillerson, podría liquidar su participación en Exxon Mobil, que supera los 200 millones de dólares sin tener que pagar impuesto alguno. Lo mismo puede ocurrir con otros individuos, como Ross, cuya fortuna asciende a los 2.500 millones de dólares, DeVos, con un patrimonio de 5.000 millones de dólares, o Linda McMahon, la nominada a dirigir la Administración de Pequeñas Empresas, cuya cuenta corriente asciende hasta los 1.600 millones de dólares.
Estos cargos públicos no están obligados a vender todo su patrimonio pero sí los activos, como inversiones en compañías americanas, que puedan supone un conflicto de interés una vez pasen a formar parte de la administración pública. La profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, Lily Batchelder, explicó a la cadena de televisión Vice News que "la posibilidad de evitar pagar impuestos en las ganancias sobre el capital supone un beneficio fiscal increíble". Visto lo visto, tres senadores demócratas presentaron la semana pasada un proyecto de ley para limitar el uso de esta ventaja en un millón de dólares. "Los ultraricos no necesitan incentivos para ocupar un cargo público", justificó el senador Sheldon Whitehouse, en un comunicado.
Precisamente, los conflictos de interés del propio presidente electo han generado bastante polémica desde su victoria electoral del pasado 8 de noviembre. Su equipo de transición ha confirmado, sin detalle alguno, que Trump liquidó su portafolio de inversiones en renta variable y otros activos, que a finales de 2015, contaba con un valor aproximado de 40 millones de dólares. Sin embargo, el empresario ha retrasado la conferencia de prensa en la que prometía dar detalles sobre cómo pretende separarse de su imperio en la Trump Organization una vez que ocupe la Casa Blanca.
