Las acciones de la salida a bolsa de Bankia no son ni mucho menos el único producto con el que los bancos y las empresas han engañado a los inversores con el objetivo de captar recursos. Desde que estallara la crisis, en 2008, al menos más de 16.000 millones de euros han sido colocados a inversores tanto particulares como institucionales, con un sinfín de títulos, participaciones preferentes y bonos de distinta consideración, sin advertir de los verdaderos riesgos que suponían dichas operaciones.
En todos los casos, estos inversores han tenido que asumir pérdidas millonarias, porque la solvencia de estas entidades o compañías se ha visto comprometida, hasta el punto de reclamar ayudas públicas para sobrevivir o presentar el concurso de acreedores.
En últimos años nuestro país ha asistido a un continuo estallido de escándalos sociales derivados de la comercialización de estos instrumentos financieros que, en algunos casos, se han sofocado con la devolución total o parcial del dinero a los perjudicados.
El más significativo ha sido el de las preferentes y la deuda subordinada, por el volumen de personas afectadas. El Estado, a través del Frob, calculó que más de 600.000 inversores habían quedado atrapados en estos productos. Pero hay más: preferentes de Eroski, acciones de Gowex, cuotas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pagarés de Nueva Rumasa y alguna otra emisión, como el estreno en el parqué de Banca Cívica, incrementan el número de perjudicados a más de un millón. Y eso, sin contar otras caídas en las que se maquillaron los datos, como Pescanova, o minusvalías en compañías donde por motivos del desplome de las cotizaciones se han tenido que asumir minusvalías relevantes.
Por ejemplo, el Santander, Popular, BBVA y otros tantos bancos han canjeado bonos por títulos en los que los inversores han sufrido pérdidas de hasta el 80 por ciento. También hay casos en los que los bonos se han convertido en otros, como en Ceiss y en Liberbank, o se les ha dado una solución alternativa, como cambiar la inversión por depósitos tras aplicar las quitas correspondientes, como en BMN.
La salida a bolsa (OPV) de Bankia, puesta en entredicho desde hace un año por los peritos judiciales de la Audiencia Nacional, se ha sumado a la lista de engaños masivos tras señalar el Tribunal Supremo que la operación, de mediados de 2011, se materializó con las cuentas maquilladas. ?Hubo graves inexactitudes en el folleto de la emisión de las acciones?, ha dictado el alto tribunal.
En la OPV, el grupo entonces presidido por Rodrigo Rato consiguió 3.100 millones de euros (1.850 millones entre particulares y 1.250 millones entre institucionales). Según los juristas consultados por este periódico, la entidad se verá obligada a devolver todo el dinero tras el fallo conocido el miércoles.
Con el objetivo de hacer más ágil el proceso y evitar que el montante suba un 30 por ciento, hasta cerca de los 4.000 millones, el banco que preside ahora José Ignacio Goirigolzarri no descarta poner en marcha una especie de arbitraje. De esta manera, los particulares en un principio rechazarían acudir a los tribunales, un procedimiento que alargaría la recuperación de los fondos.
La factura de este engaño dificultará al Estado su tarea de conseguir que BFA-Bankia le reintegre los 22.400 millones otorgados para su rescate, ya que la entidad está en manos del fondo bancario público en un 64 por ciento a través de la matriz BFA.
Tanto el holding, 100 por ciento del Frob, como Bankia se reparten la carga de las indemnizaciones a los antiguos accionistas. Hasta el momento, Bankia ha tenido que abonar 175 millones por las condenas en los juzgados provinciales.
El grupo nacionalizado cuenta con una provisión para hacer frente a las reclamaciones por importe de 1.840 millones, es decir, que cubriría sin costas ni intereses el tramo de particulares. Ahora bien, ya hay inversores institucionales que plantean pleitear para recuperar lo invertido.
Arbitrajes
Por ello, la solución de un arbitraje, parecido al de las preferentes, sería positivo para los afectados y también para la entidad.
Con las preferentes, los procesos arbitrales impulsados por el Gobierno en las entidades nacionalizadas y con ayudas públicas (Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y Ceiss) permitieron a más de 250.000 inversores minoristas, entre ellos un buen número de personas jubiladas, recuperar el dinero invertido en estos tóxicos, la mayor parte de ellos colocados en 2009.
En ese año el sector financiero se vio obligado, con el consentimiento del Banco de España y la CNMV, a vender preferentes para elevar sus ratios de solvencia y superar las exigencias regulatorias. Entonces ya había estallado la crisis y, de no haber sido por estas emisiones vendidas en la red de sucursales a clientes particulares, unos cuantos bancos tendrían que haber reclamado ayudas para sobrevivir, hecho que sucedió tan sólo un ejercicio después en el marco de las fusiones.
En los arbitrajes, los perjudicados tenían que demostrar que la entidad les había engañado en la comercialización. Por eso, hay inversores que acudieron a esta vía y no consiguieron recuperar el dinero, lo que ha impulsado a una parte a presentar demandas en los tribunales.
En concreto, en Novagalicia un total de 58.000 particulares pudieron conseguir a través de este procedimiento extrajudicial 496 millones. En Bankia, fueron más de 137.000 los que lograron 1.824 millones. Y en CatalunyaCaixa, unos 41.000, con un importe de 340 millones.
El resto de atrapados no han corrido la misma suerte, entre los que se encuentran los institucionales. Por ello, han tenido que ir a los juzgados para poder recuperar la inversión que perdieron tras la aplicación de las exigidas por Bruselas en el marco de los rescates. La UE concedió a España 41.000 millones a mediados de 2012 para sanear el sistema financiero y poder mejorar la confianza de los mercados en nuestro país.
Estas entidades cuentan con provisiones para cubrir los riesgos derivados de estos procesos en los tribunales. Bankia había constituido una hucha de 946 millones, de la que ha gastado casi 500 millones. Las dotaciones de Novagalicia alcanza los 194 millones. En su caso, el Frob se ha comprometido a asumir una parte de esta factura. Fue una de las exigencias de Banesco, comprador de la entidad gallego en la puja pública. En cuanto a CatalunyaCaixa, que ha sido adquirida por BBVA, tiene un colchón de 185 millones para asumir las sentencias condenatorias por la comercialización de las preferentes.
Goteo incesante
El goteo de escándalos ha dañado la reputación del sector financiero y también de los organismos supervisores, por lo que las autoridades han extremado las precauciones con cambios legislativos. Por ejemplo, el Gobierno ha modificado la normativa de las preferentes para impedir que los particulares no puedan adquirir preferentes o han obligado a la banca a determinar por colores el riesgo de los distintos productos que ofrecen a los clientes.
No sólo el Banco de España se ha visto salpicado por los casos. También la CNMV, porque no alertó con la suficiente contundencia ni en la venta de preferentes, ni en Nueva Rumasa, ni en las diferentes emisiones de acciones emitidas por el sector financiero, como las cuotas de la CAM o los títulos de Bankia y Banca Cívica. Estas dos últimas debutaron en el mercado a finales de julio de 2011, en vísperas de que arreciara la crisis de Grecia y las dudas sobre la solvencia de España y su sistema bancario.
En algunos de estos casos, la Audiencia Nacional ha investigado o está analizando si se cometieron delitos penales. El caso más significativo es, precisamente, el de Bankia. El juez Fernando Andreu está instruyendo la causa contra los administradores de Caja Madrid y el grupo posterior liderado por ésta tanto por la comercialización de las acciones como por las preferentes.
Rodrigo Rato, Miguel Blesa, José Luis Olivas y el resto de administradores de ambas entidades se enfrentan a posibles penas de prisión. Pudieron haber cometidos fraudes y estafas millonarias, con el agravante de que han podido dejar tirados en la cuneta a más de una familia que confiaron sus ahorros en las instituciones que gestionaban.
Sólo la presión social llevada a cabo por los propios afectados ha podido en una serie de casos, no en todos, que los inversores pudieran recuperar el dinero. Y éste ha salido de las arcas del Estado.
