
Washington, 9 dic (EFE).- Brasil necesita "coherencia" política para salir del "círculo vicioso" en el que ha caído su economía, presa de la "incertidumbre" y la falta de confianza, para la que se pronostica que cierre 2015 y 2016 en recesión, dijo hoy Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
"En Brasil, la crisis política y los escándalos de corrupción han generado un 'impasse' en el que no se han podido procesar los temas importantes de política económica, y ha hecho que se retrasen las expectativas de recuperación", sostuvo Werner en una entrevista exclusiva con Efe en la sede de la institución financiera internacional en Washington.
De acuerdo con los pronósticos del FMI dados a conocer en su asamblea anual de Lima en octubre, Brasil cerrará 2015 con una contracción del 3 %, y del 1 % en 2016.
Para Werner, el paquete de medidas lanzadas por el Gobierno brasileño en la primera mitad del año "tenían el potencial de general correcciones y el regreso de la confianza".
"Sin embargo -agregó-, factores extra-económicos, políticos, y el escándalo de corrupción (de la empresa petrolera estatal Petrobras), han intensificado la crisis de manera muy importante".
"Al frenar el plan económico, han elevado la incertidumbre, y han generado un círculo vicioso hacia una economía más débil", alimentado por "más incertidumbre política" que deja a la mayor economía latinoamericana en "una situación muy compleja".
Precisamente, esta semana el ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, destacó en una visita a Washington, en la que se reunió con Werner y el secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, que pese a las dificultades, la economía brasileña cuenta "con recursos y capacidad de resistencia".
A comienzos de mes, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, un declarado opositor a Rousseff, autorizó el inicio del trámite para que la mandataria sea sometida a un juicio con fines de destitución, lo que ha añadido incertidumbre sobre el futuro político del país.
Rousseff puede ser enjuiciada sobre la base de unas irregularidades en los balances de su Gobierno que fueron registrados en 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, se han mantenido durante este año.
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