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Pocoyó saldará un 10% de la deuda con los bonistas

Fuera de concurso desde el 9 de septiembre, Zinkia ha anunciado que pretende empezar a devolver sus deudas aunque aún se desconoce el calendario exacto. 

Se atisba un punto de luz en el túnel que atraviesan los bonistas que respaldaron la emisión lanzada por Zinkia en 2010, por valor de 2,23 millones de euros. Los títulos vencieron en 2013, pero la falta de liquidez y su imposibilidad de devolver el principal llevaron a la productora a alargar el vencimiento a 2015 y a elevar el cupón del 9,75 al 11%. Pero sólo unos meses más tarde Zinkia se declaraba en concurso y el desenlace para los bonistas quedaba, una vez más, en el aire. Hasta ayer, aunque con matices: ya fuera de concurso, Zinkia empezará a pagar sus deudas.

Según comunicó a la CNMV, el grupo "ha procedido a abonar en estos días los créditos privilegiados vencidos, así como los créditos ordinarios". Entre los últimos figuran los 2,23 millones captados en 2010, además de otras deudas por créditos comerciales cuyo importe ascendería a 1,6 millones de euros.

Todavía no hay fechas concretas, sólo que devolverá un 10% a los obligacionistas, 223.000 euros. De modo que el importe unitario de cada bono será de 900 euros. "En próximos días Zinkia ampliará la información respecto a los próximos pasos (...) incluyendo información más detallada del calendario de pagos, acorde a lo establecido en la Propuesta Anticipada de Convenio", explicó la compañía.

Según consta en el documento al que ha tenido acceso elEconomista, la idea sería efectuar los pagos a finales de diciembre de cada año, devolviendo en un máximo de 3 años los 2,23 millones de euros. Así, en 2016 saldaría otro 30 por ciento (671.000 euros) y en 2017, el 60 por ciento restante.

Zinkia salió de concurso el 9 de septiembre, tras aplazar la ejecución de unas acciones pignoradas a favor del segundo accionista, Miguel Valladares y por la que José M. Castillejo (presidente y principal accionista) perdería el control. Por el momento, el vacío legal en torno a la ley concursal española ha dejado la ejecución en el limbo.

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