
Mientras el gobierno heleno y sus acreedores europeos mantienen el pulso sin dar su brazo a torcer, los inversores europeos comienzan a sentir en sus carteras el impacto de la incertidumbre que ha generado esta situación. Según apunta la agencia Bloomberg, la factura asciende ya hasta los 897.000 millones de dólares (796.187 millones de euros), la suma combinada del valor de las bolsas española, portuguesa e irlandesa.
Lo que hasta ahora se había convertido en un momento dorado para la renta variable europea parece estar agriándose a pasos agigantados. Los datos de Bloomberg señalan que el Stoxx Europe 600 ha pasado de vivir su mayor subida trimestral desde 2009 a su peor mes en dos años. Junio se ha convertido en el mes negro para el indicador que, desde los máximos del pasado 15 de abril, ha perdido un 7,8%, es decir, ha borrado un tercio de los beneficios acumulados este año.
La volatilidad récord que merodea en el Viejo Continente, cuando la comparamos a la renta variable estadounidense, ha hecho que muchos inversores comiencen a deshacer posiciones y optar bien por activos de bajo riesgo o por el dinero contante y sonante. La renta variable griega, que se postulaba como una de las ganadoras en Europa hasta el pasado mes de mayo, es ahora la bolsa que peor se comporta del mundo.
La retórica en Europa parece agriarse cada segundo que pasa. El ejecutivo heleno no ha dudado en las últimas horas en arremeter simultáneamente contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y sus homólogos europeos. Sin acercamiento alguno en el horizonte, la presión podría incrementarse en las próximas horas. "Grecia podría imponer controles de capital este fin de semana", aseguraba Malcolm Barr, economista de J.P. Morgan en un informe distribuido entre sus clientes. No obstante, el Ejecutivo griego ha negado esta posibilidad.
En el caso de que esto ocurra, el Gobierno de Tsipras podría disfrazar este acontecimiento como el resultado de "la presión injusta" infligida sobre el país por parte de la troika, indican desde el banco estadounidense. Si este escenario se materializase, el ejecutivo heleno utilizaría la antipatía que los acreedores generan sobre los ciudadanos griegos como base para cementar una posible salida del euro. Dicho esto, en estos momentos, los sondeos siguen mostrando la intención de los votantes helenos de querer permanecer en la Eurozona.
Mientras tanto, las cábalas sobre qué sucederá en las próximas semanas seguían buscando respuestas ante la incertidumbre. The Wall Street Journal señaló que aunque el Banco Central Europeo es el acreedor "menos político" de Grecia podría convertirse en una de las principales víctimas ante un posible impago. Recordemos además que la reestructuración de deuda griega realizada en 2012 por un valor aproximado de 200.000 millones de euros impuso quitas sobre los acreedores privados pero no en los balances de las instituciones públicas, como el BCE, que en estos momentos absorben dichos bonos. En este sentido, la suma de 1.600 millones de euros adeudada al FMI el próximo 30 de junio parece no ser el problema.
Al fin y al cabo, si el gobierno heleno no cumple con sus promesas a finales de mes, no sólo contaría con un periodo de gracia de aproximadamente 30 días, sino que es poco probable que su impago al Fondo incite al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera a exigir al país que devuelva de forma inmediata los créditos concedidos por un valor aproximado de 131.000 millones de euros. Recordemos que estos préstamos no vencerán en las próximas tres décadas y existen pocas probabilidades de que se exija al país un cobro anticipado de la totalidad de los mismos dado que la Eurozona es consciente de que Grecia no puede costearlos.
Sin embargo, los problemas llegarán cuando Grecia tenga que realizar un pago de 3.500 millones de euros en julio y otros 3.200 millones de euros en agosto sobre los 27.000 millones de euros en bonos que en estos momentos custodia el BCE. Estos bonos son un legado de la deuda reestructurada en 2012, de la que la institución capitaneada por Mario Draghi fue partícipe gracias a un swap de bonos. Hubiera sido ilegal que el BCE hubiera participado en dicha reestructuración ya que ello hubiera supuesto que el organismo habría provisto financiación monetaria al país.
Aún así, en la actualidad, la situación es mucho más complicada. Aunque el BCE se ha lavado las manos a nivel político y ha defendido que su ayuda está destinada a mantener a flote el sistema bancario heleno, el impago de las cantidades arriba mencionadas impactaría en su balance. Este hecho podría suponer un ?punto de no retorno? ya que aunque no existe un mecanismo que fuerce la expulsión de un miembro de la zona euro, el impago de bonos al BCE forzaría dicho debate, señaló WSJ.