MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, expresó hoy su satisfacción por la anulación de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del algodón, aprobada en 2004, y subrayó que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE demuestra que España tenía razón.
"Estamos satisfachos, porque demuestra que teníamos razón", subrayó la titular del MAPA, quien, no obstante, abogó por trabajar "con cierta prudencia y espíritu de colaboración" para buscar una solución lo más rápido posible.
En este sentido, Espinosa señaló que su Departamento trabajará conjuntamente con el sector y la Comisión Europa para elaborar un nuevo reglamento que afecte al algodón, teniendo en cuenta el mantenimiento del cultivo.
La ministra realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida con el comisario europeo de Sanidad y Protección de los Consumidores, Markos Kyprianou.
Previamente, el secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, aplaudió también la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, ya que reconoce que la reforma del algodón aprobada en 2004 era "forzada" y además se negoció en una situación "complicada".
"Todos eramos conscientes de que no era tan buena, hasta el punto de que ha supuesto un recorte en la capacidad productiva del orden de unas 30.000 hectáreas y una puesta en riesgo de algunas de las fábricas desmotadoras", dijo.
Puxeu subrayó que la decisión del Tribunal anima al Gobierno a seguir trabajando con el sector, las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas para mantener la producción especialmente en aquellas zonas en las alternativas de cultivo, como la remolacha o el tabaco, ya están condicionadas por reformas "duras y drásticas".
Por ello, además de la "victoria moral" que supone la sentencia, Puxeu insistió en mantener "al máximo posible" la capacidad productiva de las fábricas actuales, además del empleo y el cultivo.
"Se debe mantener la actividad y no achatarrar que es lo que parece que se pretendía con esa reforma de hace dos años", dijo.
España había recurrido ante el TUE contra el reglamento de reforma del algodón aprobada en 2004 al considerar que el nuevo régimen de ayudas producirá unos efectos opuestos a sus objetivos explícitos de sostener la producción de algodón y evitar su sustitución por otros cultivos en las regiones donde sea importante para su economía agrícola.
