El Senado argentino debatía este miércoles un controvertido proyecto de impuestos a las exportaciones de granos, que ya tiene media sanción de Diputados, un día después de masivas demostraciones de fuerza del oficialismo y de los agricultores con apoyo de la oposición.
El comienzo de la sesión de la Cámara alta está previsto para las 10h00 (13h00 GMT) y el oficialismo confiaba en sancionar el mismo proyecto que fue aprobado en Diputados la semana pasada con una ajustada mayoría.
Hasta última hora, tanto el Gobierno como representantes de las entidades agrarias intensificaron los cabildeos para convencer a un puñado de legisladores indecisos que podrían desnivelar una aparente paridad.
El proyecto ratifica el enviado al Congreso por la presidenta Cristina Kirchner, que establece el sistema de 'retenciones' (impuestos) móviles a las exportaciones de granos, lo que significa que las alícuotas oscilan de acuerdo a la variación de los crecientes precios internacionales.
Sin embargo, en la Cámara baja, la propuesta fue modificada para incluir una escala de compensaciones que alivie la presión fiscal sobre los pequeños y medianos productores.
La víspera de la sesión de la Cámara alta, Buenos Aires se vio conmovida por dos masivos actos, uno de apoyo a la mandataria y otro a los agricultores.
El mitin oficial, convocado por el gubernamental peronismo, tuvo lugar frente al Congreso y su orador fue al ex presidente Néstor Kirchner, quien llamó a los senadores a votar a favor del proyecto.
El líder del partido de Gobierno, insistió en que los agricultores están recibiendo una renta extraordinaria por los altos precios internacionales y en que el impuesto permitirá garantizar que el alza de los precios internacionales no se traslade a la mesa de los argentinos.
Militantes del oficialismo montaron varias carpas frente al Parlamento y realizaron una vigilia durante la noche con centenares de candelas encendidas en las aceras.
En tanto, las entidades agrarias con el apoyo de la mayoría de los partidos de oposición, desde la derecha hasta la izquierda, reunieron una multitud en el barrio porteño de Palermo, donde los dirigentes agrarios insistieron en que los impuestos son confiscatorios.
Si se sanciona la ley, el Gobierno recaudaría -sólo por derechos aduaneros, sin contar otros tributos- unos 11.000 de los 24.000 millones de dólares en que está valuada la cosecha de soja de 2008.
La decisión de cambiar el sistema de impuestos a comienzos de marzo pasado originó una virulenta reacción de los productores de todo el país, que cesaron de manera intermitente la comercialización de granos destinados a las exportación y procedieron a cortar centenares de rutas.
Los bloqueos de carreteras produjeron desabastecimiento de alimentos en las grandes urbes y de insumos para la industria, con impacto en la economía.
Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz -detrás de Estados Unidos- y el tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.
Las exportaciones totales de granos y las agroindustriales se elevan a unos 35.000 millones de dólares, más del 50% del total de las ventas argentinas al exterior.
Con las retenciones, el Gobierno intenta también desalentar la soja, cuyo cultivo se triplicó en la última década y se convirtió en la principal actividad económica del país sudamericano.
