Se calcula que el mercado al que afecta PRIPS, una de las tres últimas medidas aprobadas, es de 10 billones de euros
Hace apenas un mes el Parlamento Europeo celebró su última sesión plenaria, la última antes de que se nombren a los nuevos miembros que salieron elegidos de las elecciones que se celebraron el pasado fin de semana. En ella, se aprobaron tres normativas que pueden afectar mucho a los inversores: PRIPS (Package Retail Investment Products), MIFID II y UCITS V. Todas ellas persiguen un único fin: dar mayor protección al inversor pero, ojo, porque no es oro todo lo que reluce. También hay letra pequeña, sobre todo en lo referente a los costes que deberán asumir las entidades y cuyo aumento es muy probable que acabe repercutiendo en el bolsillo de ese inversor al que se busca proteger.
La primera normativa, PRIPS, afecta directamente a la comercialización de los productos de inversión que se dirigen al inversor minorista. Un mercado, que según los datos de la propia Comisión Europea, supone nada menos que 10 billones de euros. A falta de conocer cómo se traspondrá esta normativa en cada estado miembro -su implantación no se prevé hasta enero de 2015- lo que sí está claro es que las entidades, ya sean gestoras, aseguradoras, bancos o cualquier emisor de producto estructurado (todos los que incluyan activos subyacentes como depósitos estructurados, unit linked o bonos) tendrán que implementar el llamado KID (Key Investor Document) en el que recoja, en no más de tres páginas como ya hacen los fondos, todas las características del producto, incluyendo sobre todo los riesgos en los que incurren los productos y los gastos que suponen para el inversor.
Hasta aquí perfecto, pero ojo, porque según recuerda Josep Soler, presidente de EFPA Europa, "la excesiva estandarización del modelo de información puede llevar a los inversores a pensar que todo lo que deben saber está ahí cuando la realidad es que no se incluirán los riesgos sistémicos a los que se enfrenta el mercado por lo que entenderán lo que se dice pero no el riesgo real de la inversión". Es decir, se dirá en qué se invierte pero no si el contexto es o no el adecuado. Además, no están incluidos en la nueva directiva ni los planes de pensiones, por muy complicados que puedan ser, ni los fondos de inversión, que ya estaban obligados a ofrecer a sus partícipes un documento similar antes de su contratación.
¿Habrá que pagar más?
Muchos pensarán: "Bueno, pero para eso está el asesor financiero". Cierto, pero hay que tener en cuenta que la actividad de éstos también se ve afectada por la nueva normativa. En concreto, la MIFID II, la segunda versión de la Directiva Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros, por sus siglas en inglés. La principal novedad de esta versión 2.0 es que las plataformas de asesoramiento y distribución no podrán cobrar comisiones de retrocesión. Es decir, no cobrarán de las entidades por vender sus productos. Con esto, se persigue que el asesoramiento gane más independencia pero, según explica Soler, "esto obligará a un aumento de costes para las entidades y puede que, como ha pasado en Reino Unido, los servicios de asesoramiento se encarezcan o incluso se vean obligados a cerrar ante la imposibilidad de recibir esos ingresos". Por no mencionar que muchas grandes entidades pueden renunciar a incluir productos de terceros en sus listas de recomendación ya que ahora no les reportarán ingresos, lo que puede suponer un paso atrás en el modelo de arquitectura abierta que se ha venido desarrollando los últimos años.
Pero el aumento de costes por asesoramiento puede no ser el único que deban asumir los inversores. También los partícipes de fondos pueden verse en una situación en la que aumente el coste total de sus fondos. Y no tanto por la gestión de los mismos, sino por la depositaría que por ley puede llegar a suponer el 0,20% del patrimonio anual. No en vano, la nueva UCITS V otorga una mayor responsabilidad a los depositarios para alinearlas con las obligaciones que tienen los depositarios con los fondos no UCITS. "Esto supondrá o bien un aumento de los costes de depositaría porque asumirán más riesgo, o bien limitará la función de gestión de la gestora quitándola flexibilidad, ya que tendrán que vigilar los riesgos en los que incurren, pues también será responsabilidad de la depositaria los errores que cometa la gestora", asegura Soler.
