La demografía y el estado de las cuentas de la Seguridad Social forzarán al Gobierno a establecer un sistema de capitalización obligatorio. En ese contexto, más incentivos fiscales y bonificaciones a los partícipes serán clave para estimular el ahorro.
La reforma de las pensiones llegará antes del mes de septiembre. Lo confirmó el pasado 8 de julio Fátima Báñez, ministra de Trabajo. Pero antes de que se lleve el proyecto ley a las Cortes, la ministra deberá escuchar al consejo de sabios que lleva varios meses reunidos -previa petición de la UE- para elaborar una lista de recomendaciones para la gestión de las pensiones de los españoles.
Por el momento, la información pública de la que se dispone es muy escasa; las filtraciones a la prensa apuntan a que las pensiones futuras estarán desligadas del IPC, por lo que se buscará un indicador distinto al que indexarlas para calcular su revalorización.
Hace unos meses también se anticipó que, como medida para incentivar el segundo pilar -el ahorro privado-, el Gobierno comenzará a mandar cartas a las personas que hayan cumplido 50 años en las que se les comunicará de cuánto dinero van a disponer para disfrutar de su retiro.
También será clave el factor de sostenibilidad, por el cual cada vez se tendrá más presente la esperanza de vida en el cálculo de rentas, un concepto en el que España lleva atraso con respecto a otras partes del mundo; EEUU es el país pionero en aplicar la esperanza de vida en el cálculo de las jubilaciones. El sistema español de pensiones "es un desastre", asegura Víctor Alvargonzález, director de inversiones de Tressis, que critica que "cuando se hacen números es uno de los problemas más graves de España a medio y largo plazo y las soluciones que se proponen son descafeinadas".
Y mientras el Gobierno busca soluciones a un problema que se ha postergado desde hace demasiado tiempo, en los sectores de la sociedad donde se detecta más preocupación es en las generaciones que están ya al borde de la jubilación. Álvaro Monterde, experto en previsión social de March JLT, sostiene que la tendencia de las pensiones de los próximos años será hacia la homogeneización, de tal manera que habrá menos diferencia entre una pensión mínima y una máxima, con independencia de los años cotizados. Sin embargo, quienes que se verán más afectados serán aquellos que se están incorporando ahora al mercado laboral. A no ser que se empiece a ahorrar ya, desde luego.
Porque ésa es la clave para todos los expertos consultados: si existe consenso en que el primer pilar, el Estado, está al borde del colapso, debe entrar inmediatamente en acción el segundo pilar, excluyendo la falsa idea de que tener un plan de pensiones privado es cosa de ricos. "Justo las personas que menos han cotizado van a tener menos dinero, por lo que no es un problema de ricos sino todo lo contrario", avisa Estefanía Ponte, directora del departamento de Economía y Estrategia de Cortal Consors, que de hecho afirma: "Me sorprende que haya surgido esta preocupación ahora, cuando empecé a trabajar lo primero que hice fue suscribir un plan porque sabía que no me iba a llegar".
De hecho, varias casas de inversión, entre ellas Citi, afirman que en el último año se ha incrementado la proporción de clientes interesados en productos que les permitan generar rentas vitalicias. Sin embargo, dentro del universo de planes de pensiones español son más las deficiencias que las virtudes.
Problemas del sistema
El sistema actual de reparto se basa en la solidaridad intergeneracional: quienes trabajan ahora pagan con sus impuestos las jubilaciones de quienes trabajaron antes de ellos. Ahora, con seis millones de parados, el Estado ha tenido que recurrir en varias ocasiones a la hucha de la Seguridad Social, el fondo de reserva; la última vez ha sido en este mes de julio, al extraerse 3.500 millones de euros, justificado por el ministerio de Empleo en un comunicado porque "se produce una importante necesidad de financiación para hacer frente al abono de la mensualidad ordinaria del mes y la extraordinaria". La gestión de dicho fondo de previsión social también tiene una crítica en sí misma, pues se limita a comprar deuda española -que supone el 97% de su cartera- y a renovarla al vencimiento en vez de optar por una gestión profesional y diversificada que optimice los recursos del organismo.
El principal problema, en realidad, es la demografía española, de ahí el reproche de que esta reforma podría haberse acometido en época de vacas gordas. La pirámide de población está invertida, es decir, que la mayoría de españoles son o serán en los próximos años mayores de 65 años. Según las estadísticas del INE, para el año 2052 habrá una persona inactiva por cada persona en edad de trabajar.
El otro gran obstáculo es el escaso desarrollo de la industria, especialmente si se compara con la de fondos. Los expertos señalan que, en numerosas ocasiones, los planes de pensiones han sido distribuidos en función de los intereses de las grandes redes de distribución, una tendencia que se ha exacerbado con el declive de los depósitos. "Cuando la gente compra ahora planes de pensiones, lo hace porque se lo dice el banco", afirman desde de Tressis. "Es un hecho que los planes de pensiones son caros y malos", afirma Ana Hernández, responsable de CFA Society Spain, que añade: "A la gente no se le explica, se les manipula; sólo el 2% realizan aportaciones por encima de la bonificación máxima".
También es objeto de crítica el hecho de que "en una misma gestora, fondos y planes se gestionen de forma distinta y con más comisiones", denuncia Víctor Alvargonzález. "Se dedican menos recursos a la gestión de planes de pensiones que a la de fondos y la atención es peor", coincide Santiago García, responsable de producto de Citi, que detecta que en España "existen barreras de entrada a las gestoras internacionales" que quieran introducir sus planes en el mercado español al exigirles que tengan en nuestro país una aseguradora.
Planes de empleo, capítulo aparte
También está la cuestión de los planes que las empresas ponen a disposición de sus empleados. Una de las principales quejas es la falta de profesionalización, de formación financiera de las comisiones de control. Pero no es la única. Desde March JLT, Álvaro Monterde propugna la creación de un plan de empleo simplificado "con el objetivo de facilitar la creación de nuevos de planes". "Esta nueva figura sería de aportación definida, tendría un reglamento predefinido igual para todos los planes, en la que sólo se pudiera modificar las cuantías de las aportaciones, no tendría comisión de control y mantendría la misma fiscalidad que el resto de los planes de empleo", detalla.
También pide que en estos planes de pensiones se introduzcan políticas que se adapten a distintos perfiles de riesgo -ciclos de vida-, como sucede en el sistema individual. Opinión en la que coincide David Cienfuegos, director de inversiones de Towers Watson: "Si los fondos de pensiones de empleo, tal y como muestran los resultados publicados en fuentes especializadas, tienden a hacerlo mejor que los fondos de pensiones individuales, ¿por qué no poner a disposición de los empleados estos vehículos de ahorro colectivo independientemente del grado de aportaciones y de dónde provengan?". "Si hubiese un conjunto de alternativas limitadas, el empleado podría decidir cuál de dichas alternativas se ajusta mejor a su perfil de riesgo", añade. "Esto además facilitaría que los fondos de pensiones tuvieran una mayor diversificación en la carteras incorporando la inversión alternativa y se alargarían las duraciones de la renta fija", completa Monterde.
10 ideas para mejorarlo
Para Rouse Magie Boudeguer, de Banca March, la opción más adecuada de cara al futuro será la transición desde el sistema actual de reparto a otro de capitalización obligatoria. "Es un tema muy complicado para los políticos, porque es un cambio que va a afectar a la gente ahora. El sistema de reparto no funciona, hay que cambiarlo", afirma, aunque puntualiza que "si se quiere cambiar a un plan de capitalización, hay que poner dinero para quienes no llegan". Opinión que comparte Víctor Alvargonzález: "Pasito a pasito, si nos van a bajar las pensiones nos tienen que ayudar a compensar". Frente a los planes, que califica de "producto único malo y acompetitivo", el responsable de Tressis propone la creación de una cuenta total o cuenta jubilación, "con las mismas limitaciones de uso, retirada y reembolso, pero en la que se pueda meter de todo: acciones, bonos, fondos, etc.".
Desde Cortal Consors, Estefanía Ponte también apoya la idea de que el Estado incentive los planes privados, y pide la recuperación de la cuenta vivienda. Antonio Salido, de Fidelity, propone bonificaciones fiscales a las personas que quieran aportar de más para su pensión sobre los niveles actuales -10.000 euros al año hasta los 50 años y 12.000 a partir de esa edad-. Ponte propone que, dado que se trata de un tema "socialmente complicado", que si alcanza un pacto se realice "una campaña de comunicación correcta" en la que se explique con claridad la situación y las ventajas de suscribir un plan privado. Todas las fuentes consultadas coinciden en la necesidad de mejorar la cultura financiera de los españoles, algo que debería empezar desde las aulas de los colegios.
Dotar de liquidez a los productos destinados al ahorro para la jubilación es otro de los puntos clave de cara a la reforma. "No sólo al plan, porque vemos muy positiva la libertad de elección, la competencia mejoraría los resultados", resalta el responsable de Citi, que habla tanto de bonificaciones como de incentivos al ahorro. García también propone que se prohíba la remuneración en especie por contratar un plan de pensiones -la clásica vajilla de regalo-, fomentando en su lugar "la cultura de selección". De hecho, en el banco americano calculan que, si en vez de elegir un plan por el regalo se hiciera por sus bajas comisiones y por su track record (historial de rentabilidades), con la diferencia que se podría ahorrar el partícipe podría adquirir, con los ahorros de cinco años, un crucero de lujo; con los ahorros de diez años, el margen serviría para pagar la universidad de sus hijos; y con la cantidad que se podría ahorrar en 15 años según el plan elegido -cifran la diferencia en 76.367,6 euros-, se podría adquirir un coche deportivo de gama alta.
"La gran ventaja de España es que puede aprender de los errores de otros países, para no meter la pata", afirma Boudeguer. En este punto, los dos sistemas de pensiones que son referencia, por sus sostenibilidad, son el sueco y el chileno; en este último, es obligatorio destinar el 16 por ciento del salario bruto a aportaciones a un plan de pensiones, según apunta el responsable de Fidelity. Otra de las características de este modelo es que la gestión de las pensiones públicas se encarga a varias gestoras de fondos, que tienen un nivel muy alto de competición entre ellas. Salido propone que se copie este modelo en España, permitiendo por concurso público el acceso de varias gestoras que compitan entre ellas, con un componente de castigo como el aplicado en Chile para las que peor administren el dinero público: que cubran las pérdidas con dinero de su propio balance.
Lea totalmente gratis la revista 'Inversion a fondo'
