Socialistas españoles en PE piden a Bruselas que acepte ayudas a sector naval

Bruselas, 12 jul (EFE).- La delegación socialista española en el Parlamento Europeo (PE) solicitó hoy a la Comisión Europea (CE) que dé por buenas las ayudas concedidas por España a la industria naval que Bruselas considera ilegales, y manifestó su apoyo a las regiones afectadas y a los trabajadores de ese sector.

En una pregunta parlamentaria a la CE, la dirección de los socialistas españoles en la Eurocámara y los eurodiputados de las regiones afectadas recordaron que, en 2009, la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, "confirmó por escrito que sus servicios no consideraban necesaria ninguna actuación respecto al sistema español de 'tax lease'".

En el texto remitido a la Comisión, los socialistas españoles señalan que, "en este momento el Ejecutivo comunitario está considerando pedir a los inversores en los astilleros españoles que devuelvan el importe de la financiación recibida desde abril de 2005 conforme a este sistema".

"A fin de garantizar tanto la seguridad jurídica como la confianza legítima y la no discriminación negativa entre Estados miembros, en caso de anulación del sistema español de 'tax lease' por disconformidad con el derecho comunitario, la Comisión debe tener en cuenta los precedentes existentes, velar por la continuidad del sector y defender la industria y al empleo", puntualizaron.

Una delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, se reunió el jueves en Bruselas con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, para abordar esta cuestión.

Aunque en el encuentro no se logró una solución para el sector naval, las autoridades españolas se declararon dispuestas a seguir trabajando hasta el próximo día 17 de julio, día en que la CE tiene previsto anunciar su decisión final.

Almunia insistió en que las ayudas que recibieron los astilleros entre 2005 y 2011 fueron "ilegales" y tendrán que ser devueltas al Estado español, mientras que los representantes españoles solicitaron que la recuperación sólo se exija desde 2011, cuando la Comisión Europea (CE) abrió el expediente, ya que alegan que antes no sabían que fueran incompatibles con el mercado común.

El comisario argumenta que el sistema español siguió funcionando a pesar de que el mismo tipo de ayudas fueron declaradas incompatibles en Francia ya en 2006.