Es una de las grandes reformas pendientes para la industria de fondos españolas, y supondrá igualar la legislación de España con la del resto de la Unión Europea al permitir vender fondos con marca española a través de cuentas ómnibus. El sector considera que la reforma es importante, pero mientras unos creen que será positiva otros creen que la nueva normativa llega tarde.
Dentro del universo de vehículos que el inversor tiene a su disposición para manejar sus finanzas personales, las cuentas ómnibus (ventas globales que usan los fondos para adquirir fondos internacionales) suelen ser la chica menos popular de la fiesta. Sin embargo, con el cambio de legislación que está pendiente de ejecutarse este año, este instrumento va a vivir una modernización importante para el inversor, las gestoras de fondos y las plataformas de ventas de activos.
En la actualidad, las gestoras de fondos están obligadas por ley a compartir con las plataformas que distribuyen sus productos los datos personales de sus clientes. Este motivo ha sido un obstáculo para los inversores extranjeros que querían comprar fondos españoles, pues para el resto de Europa basta con proporcionar el nombre de la gestora. El atajo que han tomado muchas gestoras españolas para poder distribuir su producto en el extranjero ha pasado por registrar sus fondos con formato sicav en países europeos con una normativa más permisiva, como Irlanda o, especialmente, Luxemburgo. Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores, aprovechaba un encuentro con la prensa el pasado mes de febrero para llamar la atención sobre esta situación. Su firma ha conseguido la aprobación para colgar una sicav en Luxemburgo para utilizar como vehículo de distribución en el extranjero de un fondo de fondos, y Satrústegui denunciaba que, en España, "hay entidades que prefieren invertir en fondos extranjeros antes que en los españoles". "Hay horizonte fuera de España y -debido a la normativa vigente- los fondos españoles han perdido el tren de la inversión", señalaba el presidente de Abante.
Tras la reforma, no será necesario proporcionar estos datos, por lo que se devolverá competitividad al producto nacional. "Es una reforma muy positiva porque va a permitir que las gestoras van a poder utilizar comercializadores de su grupo y de fuera de su grupo sin tener que comunicar la identificación de los clientes. Ningún comercializador quiere dar información de sus clientes, porque es una información sensible", afirma Ángel Martínez?Aldama, director general de Inverco y presidente de la Federación Europea de Fondos de Pensiones (EFRP). De acuerdo con el III Observatorio Inverco, nueve de cada diez gestoras considera esta reforma "conveniente" o "muy necesaria".
Las cuentas ómnibus no requieren una inversión mínima inicial "porque no les afecta el volumen" explica José Luis Jiménez, director de March Gestión, aunque matiza que en el caso español se requiere que los fondos que se compren con este instrumento tengan un patrimonio superior a los 3 millones de euros. Actualmente, aunque cada gestora esté obligada a proporcionar los datos de sus clientes al distribuidor, cuando éste tiene varios clientes que operan con cuentas ómnibus no suele reflejar los datos de movimientos uno por uno, sino que los presenta en bloque y sólo consta el nombre de la entidad distribuidora. Para Jacobo Zarco, de Atlas Capital, la nueva norma "favorecerá a las gestoras españolas porque iguala administrativamente su productos a las comisiones extranjeras". Zarco da un ejemplo de por qué es importante que se iguale la normativa española a la europea: durante el verano del año pasado, con los temores de que España pidiera un rescate hubo problemas para vender fondos españoles "si tenían estructura legal española, y sólo se puede tener depositario español", el inversor prefería comprar un fondo extranjero por temor a asumir riesgos innecesarios.
Esta afirmación ha sido cuestionada por las otras fuentes consultadas por elEconomista: "El riesgo afecta a cualquier inversor que compre en España, especialmente si invierte en inmobiliario, pero el fondo no está sujeto a la jurisdicción española. Aquí hay libertad de capitales" señala, contundente, Martínez-Aldama. Jiménez, por su parte, señala que el riesgo que puede asumir el inversor de fuera es "en deuda española o en una gestora dependiente de un banco de dudosa solvencia" aunque matiza que estas reticencias "poco a poco han ido diluyéndose"; de hecho, March Gestión ha detectado entradas en sus fondos de entidades de países como Austria, Italia o Portugal.
Una reforma tardía
Precisamente March Gestión, la gestora de Banca March, es una de las gestoras españolas que han recurrido a la fórmula Luxemburgo -"ya es un estándar", opina Jiménez- para distribuir su producto en el extranjero. El director de la gestora se muestra crítico con el impacto de la reforma: "Hace diez o quince años podría haber sido un revulsivo, pero ahora no va a ser relevante". José Luis Jiménez se apoya en dos razones: una, la ya citada estandarización de Luxemburgo; la otra, la naturaleza de la red de distribución de fondos española: "Poco producto español se comercializa en otra entidad -distinta a la creadora-", señala. Jiménez resalta que la sicav luxemburguesa de Banca March es la que más ha crecido de todas las españolas en la misma situación desde que se instalaron allí en 2010 -su patrimonio se ha incrementado desde 150 hasta 300 millones de euros-. "Las cosas que hacemos pueden competir con el producto nacional y con el internacional, pero es más cómodo hacerlo desde Luxemburgo", apunta. Donde no tendrá calado la nueva normativa será a efectos fiscales. Las gestoras tributan en sus países de residencia; en el caso concreto de las cuentas ómnibus, "las obligaciones fiscales pasan al comercializador, y en caso de reembolso, el cobro de la retención de la Agencia Tributaria lo hace el comercializador, al cliente no le va a afectar" explica el director general de Inverco, que recalca que el cambio legislativo "sí va a propiciar nuevas vías de comercialización para las gestoras fuera de su grupo".
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