El compromiso por parte de 33 firmas para desarrollar plataformas que permitan al inversor particular operar con deuda pública de forma directa en el mercado secundario supone un avance para poner fin a las opacas comisiones que la banca aplica a los particulares a la hora de adquirir estos títulos, que entre los veteranos del sector reciben el nombre de 'sartenazos'.
Si busca qué entiende la RAE (Real Academia Española de la lengua) por sartenazo encontrará entre sus acepciones la de "golpe recio dado con una cosa, aunque no sea una sartén". Se trata de la palabra perfecta, según los veteranos en el mercado de renta fija, para ilustrar cuál es el impacto que suponen para el inversor particular las opacas comisiones que la banca aplica a la hora de operar con deuda. Y aunque todavía queda un largo camino por delante para que el sartenazo pase a mejor vida, el primer paso ya se ha dado facilitando que el particular opere con deuda pública de forma directa en el secundario.
Con la apertura de este mercado, se acabó la filosofía de tener estas emisiones hasta el vencimiento. A partir de ahora, el minorista podrá comprar y vender deuda pública española de manera similar a como se opera en la renta variable: podrá dirigirse a su entidad para dar una orden de compra o venta en la que elegirá el título sobre el que quiere operar, el precio límite y el volumen de la operación. Para ello, contará con 50 emisiones vivas de letras, bonos y obligaciones del Estado, que se intercambiarán en la plataforma electrónica de negociación de renta fija de BME (Send). Se trata de una revolución en la que hasta 33 entidades tienen el compromiso de participar, aunque aún se desconoce cuántas han diseñado ya esta posibilidad -de momento sólo Renta4 ha manifestado que permitirá a sus clientes acceder a este servicio cobrando una comisión del 0,25% sobre efectivo, sin mínimo ni horquillas adicionales si operan en el secundario de forma electrónica-.
Como ya sucedió en la bolsa a finales de los 80, la llegada de la negociación electrónica a la renta fija implicaría mayor transparencia en los precios. "Todo lo que signifique mayor liquidez y profundidad de mercado es positivo. Especialmente en el caso de la deuda pública, considerando que el riesgo país y la dependencia del ahorro internacional se han convertido en indicadores y factores de riesgo", señala José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España.
Democratizar la inversión
Aunque de momento únicamente existe una declaración de intenciones por parte de quienes se han comprometido a participar, implementar esta operativa en un futuro -la de aceptar que el particular compre y venda en el secundario- supondría fulminar las comisiones negras que se aplican hoy en día, que son fruto de las limitadas vías que el particular tiene en la actualidad para la compra de estos activos. De hecho, hoy en día, la principal intermediaria entre el particular y el Tesoro Público es la banca y, por tanto, siempre ha estado en disposición de coger la sartén por el mango aplicando elevadas comisiones según distintos criterios, que dependen del banco en cuestión. "Este es el futuro, pero quien quiera estar tendrá que sacrificar sus márgenes", señalan fuentes de mercado.
No obstante, aunque hay expertos que consideran que el auge de estas plataformas va en contra de una parte del negociado de la banca, otros consideran que es más el beneficio que el perjuicio que pueden ocasionar en sus ingresos. "Creo que ganan más de lo que puedan perder por la diversificación de los inversores retail en la operativa de compra de deuda", añade Campuzano.
Aun así, la opacidad de las comisiones actuales se consuma en los precios a los que el inversor adquiere estos títulos. De hecho, si alguna vez ha comprado deuda pública no le resultará extraño conocer el precio al que se ejecutó la orden un mes después de darla. Se trata de una situación que es posible porque hoy en día no existe ningún sistema que permita visualizar en tiempo real los niveles a los que se negocian las emisiones del Tesoro Público en el mercado secundario -salvo en las recientes plataformas desarrolladas por Auriga o Renta 4, que además permiten operar con renta fija corporativa-, lo que significa que la voluntad del particular a la hora de comprar a determinado precio queda relegada a la del intermediario, que no siempre ejecutará su orden al mejor precio -si se trata de un banco, lo más habitual es que éste destine los títulos comprados a menor precio a las carteras de los fondos que comercializa con miras a mejorar los rendimientos de sus carteras-.
Sin duda, la intención por parte de más de treinta firmas de facilitar el acceso al particular a este mercado constituye un avance para democratizar la inversión, y a falta de conocer cuáles se comprometerán a desarrollar sus plataformas en los próximos meses ésto solo se traducirá en una mayor transparencia para el inversor, que podrá visualizar cómo cotiza la deuda en el secundario. Algo impensable hasta la fecha.
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