SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El Monte ha recibido, igual que Caja San Fernando, una oferta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para entrar en el 'holding' que se prevé crear tras la liquidación de los activos de Izar, con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las empresas adjudicatarias.
Así lo confirmó hoy su presidente, Antonio Pulido, quien, no obstante, remarcó que es el consejo de administración, en el que "están representadas distintas fuerzas políticas y sociales", el órgano competente para "tomar decisiones de invertir o no", previa propuesta de la comisión de inversiones de la caja.
Esta comisión, integrada por tres miembros del consejo de administración, justifica sus propuestas con un informe basado en "criterios de rentabilidad y de variables sociales", según explicó.
Preguntado sobre si en casos como éste se fuerza a las cajas de ahorros a invertir en sectores de dudosa rentabilidad, Pulido remarcó la "doble función" de estas entidades financieras, la búsqueda de la eficacia y la rentabilidad y su responsabilidad social, dos objetivos que "hay que combinar". En este sentido, defendió que las cajas deben apoyar a sectores que "a lo mejor" a otras entidades "no les interesa, o no tienen ese compromiso".
En cualquier caso, recalcó que la decisión sobre si aceptar esta oferta o cualquier otro tipo de inversión se adopta de forma "consensuada de un órgano de gobierno".
Caja San Fernando también ha recibido una "propuesta no concreta" de la SEPI para participar en una "compañía de prestación de servicios" a las empresas que resulten adjudicatarias de los astilleros civiles que se encuentran en proceso de liquidación (Gijón, Sestao, Sevilla y la fábrica de motores de Manises), según dijo recientemente su presidente, Luis Navarrete, quien indicó que "habrá que concretar los términos de esa oferta".
El principio de acuerdo alcanzado por la SEPI y los sindicatos CC.OO y UGT el pasado mayo recogía la creación de una sociedad, con un 40 por ciento de capital privado, una participación del 36 por ciento de entidades financieras --un nueve por ciento para cada comunidad autónoma-- y el 24 por ciento restante del ICO.
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