MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) ha pedido a los agentes del sector, entre ellos el Ministerio de Industria y los sindicatos, la convocatoria de una mesa sectorial "urgente" para resolver la crisis en la actividad de distribución del butano.
En un comunicado, GLP explica que la competencia de otras fuentes de energía como el gas natural ha provocado un descenso del consumo de butano y, con ello, el cierre de varias empresas del sector. GLP representa a unas 300 empresas ligadas con operadores como Repsol, Cepsa y Galp.
Además de pedir la convocatoria de una mesa sectorial que garantice el futuro del sector, la asociación presenta una decena de propuestas para mejorar la situación de los distribuidores. Entre ellas, figura la creación de un fondo para la reestructuración del sector dirigido a las empresas obligadas a cerrar por pérdidas.
Junto a esto, pide un desarrollo reglamentario de la Ley de Hidrocarburos en lo referirdo al gas licuado envasado, y lamenta que esta norma, casi una década después de su aprobación, no disponga aún del grado de detalle necesario. Este desarrollo debería permitir a los distribuidores trabajar libremente, sin necesidad de hacerlo con agentes en exclusiva, señala.
GLP quiere además que se revise y modifique el sistema de fijación del precio máximo de venta de la bombona. En concreto, propone que se desglose el término de costes de comercialización en dos, de modo que recoja la partida dirigida a sufragar los costes de las operadoras y la partida para cubrir los costes de los distribuidores.
DESVINCULAR EL COSTE DEL REPARTO.
Otra de las propuestas consiste en fijar de forma regulada una cuantía para el reparto de butano a domicilio, desvinculada del precio de la bombona.
Por otro lado, GLP pide un aumento de la investigación en I+D de las petroleras para aligerar el peso de las bombonas, jubilaciones anticipadas para los trabajadores y el reconocimiento de enfermedades profesionales.
En el ámbito del transporte, pide la eliminación del "céntimo sanitario" en las Comunidades Autónomas en las que se aplica, así como la exención del certificado de formación ADR, que acredita a los manipuladores de mercancías peligrosas.
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