"Hay que garantizar reglas de juego claras para promover un clima que haga posible que las empresas que lo deseen incorporen la RSE"
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados aprobará mañana de forma oficial el documento de conclusiones de la Subcomisión para potenciar la responsabilidad social de las empresas, que comenzó sus trabajos hace más de un año y medio. Estas conclusiones han sufrido varios retrasos y por fin mañana quedarán aprobadas para que sirvan de 'base' al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de elaborar una posible legislación en esta materia.
El documento, --al que ha tenido acceso Europa Press--, cuenta con una introducción en la que se diserta sobre la necesidad de una política pública en materia de RSE y cuáles han sido las razones que han llevado al Congreso de los Diputados a la creación de esta Subcomisión, en un ámbito en el que el liderazgo "reside en la propia sociedad, --más en concreto en las propias empresas--, y donde la voluntariedad constituye una nota definitoria de toda esta aproximación".
"De entrada, hemos de afirmar que estamos convencidos de que sí, que en esta materia es necesaria y posible la iniciativa de la política, en un sentido amplio", asegura el documento de conclusiones consensuado por CiU y el PSOE, creadores en diciembre de 2004 de esta Subcomisión.
En este sentido, afirma, "optamos por una política que acompañe a las empresas, en especial a la pyme, en una estrategia y un recorrido que debe hacerles más competitivas y sostenibles, en el nuevo entorno que representa la globalización".
A su juicio, y tras escuchar a todos los expertos que han comparecido durante este tiempo en la Subcomisión, esta política "debe garantizar unas reglas de juego claras y transparentes, para garantizar una competencia real y al mismo tiempo, promover un marco y un clima que hagan posible para las empresas que lo deseen y estén en condiciones de hacerlo, incorporar la RSE en su modelo de gestión".
Se trataría de una política orientada a promover "la modernización y adaptación de las relaciones laborales a la nueva realidad de la empresa, mas flexible y en red, desde la perspectiva de generar un nuevo equilibrio entre las necesidades de las propias empresas, que demandan mayor flexibilidad, y las demandas de los trabajadores y sus familias, que exigen nuevas seguridades".
Para presentar de forma más ordenada estas conclusiones, la Subcomisión ha decidido sistematizarlas en tres partes: 'constataciones' (conclusiones de carácter general que pueden extraerse de las comparecencias de los 59 expertos que han pasado por la Subcomisión), 'directrices generales' y 'recomendaciones' finales a la vista de las experiencias y de los análisis en el seno de la Subcomisión.
Así, el ducumento habla de una serie de principios y criterios interpretativos que considera "básicos"; como el hecho de que "toda consideración de la RSC de las empresas debe arrancar del reconocimiento claro de su función social tanto en la creación y distribución de la riqueza como en la integración social de los ciudadanos".
Además, el papel de las empresas a la hora de producir bienes y servicios en la sociedad, de generar puestos de trabajo, de elevar el nivel formativo de la colectividad, y de transferir tecnología y conocimiento a la sociedad "les hace acreedoras indiscutibles del reconocimiento a su papel social y responsable".
Aunque, añade "desempeñar un evidente papel social no quiere decir que sobre las empresas deban recaer otras funciones que las que propiamente les corresponden, y nunca, desde luego, a costa de poner en riesgo, o simplemente olvidar, las funciones más propias de la empresa".
RSC ACTIVA Y VOLUNTARIA
Las empresas que han pasado por esta Subcomisión coincidieron en enfatizar el carácter "activo y voluntario" de la RSE, en cierta contraposición con la visión de determinadas ONG especializadas, que destacaron la necesidad de que aspectos como los relacionados con los Derechos Humanos o el impacto ambiental sean regulados a nivel internacional.
Administraciones públicas y representantes del sector académico destacaron por su parte la importancia de la articulación de la promoción de la RSE en España con organizaciones y documentos internacionales de referencia, como el Global Compact de Naciones Unidas o las Líneas Directrices de la OCDE.
Entre los obstáculos que la Subcomisión ha detectado para el desarrollo de las prácticas de RSE, destaca la diversidad de sistemas de reporte y verificación de las memorias sociales y medioambientales. "Se aprecia una diversidad de 'etiquetas de RSE' en un contexto de creciente publicidad social y ecológica de las grandes marcas que diluyen y confunden las verdaderas políticas empresariales de RSE", asegura el documento.
El documento también hace referencia a la importancia de la inversión socialmente responsable (también cierto retraso en España) y su contribución a reducir la posibilidad de nuevos escándalos financieros, controlando así el riesgo reputacional derivado de malas prácticas en materia social, ambiental o de gobierno corporativo.
Asimismo, todos los comparecientes consideraron el consumo responsable como un importante potenciador de la RSE. Para movilizar este comportamiento de pequeñas, medianas y grandes empresas "nada hay tan efectivo la discrimación de productos, servicios y empresas según su mayor o menor compromiso con la sostenibilidad", afirma el documento.
Asimismo, dice el documento, "constatamos la importancia que tienen las iniciativas internacionales en materia de RSE promovidas por organismos como la OCDE, Naciones Unidas o la Unión Europea. La corriente internacional a favor de la RSE "puede constituir un estímulo adicional para las empresas españolas para no quedar rezagadas de sus homólogas que actúan en mercados más maduros e innovadores", añade.
NUEVO PARADIGMA EMPRESARIAL
El informe considera también que "la RSE no es una moda o fenómeno pasajero, sino un nuevo paradigma empresarial imprescindible para dar respuesta a las expectativas de la sociedad". Así, destaca la relación existente entre una estrategia de "competencia sostenible" con el "apoyo institucional" y el "reconocimiento social correspondiente".
De este modo, los principales destinatarios de sus recomendaciones finales son las empresas y las Administraciones públicas. A las primeras se les recomienda promover acciones de sensibilización, formación e intercambio de buenas prácticas, elaborar y difundir memorias de sostenibilidad o intensificar la transparencia y el buen Gobierno.
Además, se recomienda implantar sistemas de gestión que integren valores ambientales, sociales y económicos así como incorporar cuestiones laborales a la RSE, como la igualdad entre hombres y mujeres.
El texto no olvida las dificultades que deben sortear las pymes para implantar políticas de RSC por lo que apuesta por "crear incentivos sostenibles en el tiempo, en el propio mercado y en la sociedad".
En cuanto a las recomendaciones realizadas a las Administraciones Públicas, el informe insiste en la importancia de las mismas para estimular a las empresas en la producción de "bienes o servicios más sostenibles y responsables a través de su política de contratación".
Entre otras propuestas, destacan, además del impulso de la Inversión Socialmente Responsable, la promoción de reducciones fiscales o las bonificaciones en la Seguridad Social. Estas medidas están encaminadas a promover un marco fiscal favorable para las empresas.
Por último, el informe de la Subcomisión menciona a los consumidores, para quienes solicita campañas de Consumo Responsable, así como el papel realizado por los medios de comunicación, "movilizadores de la opinión pública y formadores de opinión empresarial".
