Un masivo cabildo de autoridades indígenas realizado en Achacachi, 96 km al oeste de la capital, decidió 'defender (la permanencia de) la sede del Gobierno' en La Paz, pese a las presiones de Sucre por trasladar los poderes Ejecutivo y Legislativo a esa región, e instruyó que 5.000 'Ponchos Rojos' se trasladen a esa ciudad.
LA PAZ (Thomson Financial) - Un grupo aymara de élite boliviano, denominado 'Ponchos Rojos', sacrificó perros y anunció este jueves que irá a Sucre para garantizar el trabajo de la Asamblea Constituyente, en receso forzado hace tres meses.
Los indígenas aymaras sacrificaron dos perros 'representando a los oligarcas y a los prefectos de la 'media luna' (las provincias de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Cochabamba, que llamaron a la desobediencia civil contra el gobierno)', según reportes de radio locales.
Edgar Ramos, dirigente civil de esa región andina, explicó que el sacrifico de los dos animales es un mensaje a esos grupos de derecha para que 'antes que lleguemos a Sucre, mejor escapen del país'.
El cabildo de campesinos aymaras declaró 'la guerra a todos los oligarcas, karas (blancos enriquecidos)'.
'El cabildo ha aprobado (que) se declara estado de guerra y esta tarde comienzan a organizarse los mandos militares y los cuarteles generales para partir a Sucre el domingo en la noche a defender la sede de gobierno, pase lo que pase', dijo.
'En este momento estamos recogiendo los armamentos que hemos dejado en el estado mayor (del cerro) de Kalachaca, los armamentos ideológicos, los armamentos materiales y los armamentos que nos han dejado nuestros antepasados. Vamos a defender hasta lo último la Constituyente', añadió.
La autoridad indígena Eugenio Rojas Apaza, miembro de los Ponchos Rojos, afirmó que están dispuestos a una 'guerra civil' contra las oligarquías bolivianos.
El clima beligerante ocurre en momentos en que Sucre vive tensión por las fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición que ponen en riesgo la labor de la Constituyente que debe entregar hasta el 14 de diciembre una nueva Carta Magna.
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AFP/jr
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