Barcelona, 18 may (EFE).- El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha abierto un expediente informativo a la empresa Renfe Operadora por los retrasos y otros problemas registrados este mes de mayo en el servicio ferroviario de la línea Barcelona-Girona-Figueres.
La dirección general de Transporte y Movilidad ha tomado esta decisión después de analizar las incidencias que han afectado a esta línea durante los primeros diecisiete días de mayo, entre ellas los retrasos, la falta de disposición de plazas y la inadecuada climatización.
Todas estas incidencias han comportado "perjuicios" e "incomodidades" a los usuarios de esta línea, según ha informado en un comunicado el Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
Renfe, que opera el servicio ferroviario en Cataluña, cuenta ahora con un máximo de 24 horas para remitir a la consellería un informe en el que debe detallar todas las alteraciones que se han producido y las condiciones de transporte de los pasajeros, así como sus causas y las medidas que se han tomado para solucionarlas.
Además, deben concretar el número de personas que suelen realizar de pie los trayectos de esta línea, la composición de los trenes y las condiciones de funcionamiento de la climatización de los convoyes.
Dado que el ordenamiento jurídico actual no prevé mecanismos sancionadores contra el operador ferroviario, la Generalitat ha impulsado la redacción de una modificación de la Ley Ferroviaria para que se incluya un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento del servicio acordado en los contratos.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha asegurado en varias ocasiones que está dispuesto a buscar una empresa operadora de Rodalies alternativa a Renfe si se siguen produciendo alteraciones importantes del servicio, decisión que se podría tomar de cara al año que viene, cuando expiraría el contrato vigente.
Territorio ha señalado hoy que trabaja, además, en un nuevo contrato-programa para el servicio de cercanías y media distancia en Cataluña, que incluirá cláusulas que permitan la imposición de penalizaciones económicas o sanciones por incumplimiento o alteraciones del servicio.
