España y un grupo de países mediterráneos abogan por que la reforma mejore la adaptación de la oferta al mercado
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, abogó hoy por que la reforma europea de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas favorezca una mayor concentración de la oferta y fortalezca así la capacidad de negociación de los productores frente a los grupos de distribución.
En su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Espinosa apostó por mecanismos que contribuyan a superar la atomización de las explotaciones hortofrutícolas, lo que merma su capacidad de negociación frente a las grandes cadenas.
Para el Gobierno, "la mejora prioritaria es la flexibilización de fondos operativos por parte de organizaciones de productores con financiación comunitaria al 50%", con el fin de incentivar las actuaciones en común de los agricultores y mejorar la calidad, para responder tanto al poder negociador de las empresas como a sus condiciones de suministro.
Por otra parte, Espinosa anunció que España lidera un grupo de países mediterráneos para que la reforma europea incluya mecanismos para avanzar en la competitividad del sector y afrontar los cambios en el mercado en los próximos años ante las progresivas exigencias liberalizadoras de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
"El Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para que la reforma sea positiva para nuestro país y nuestros intereses sean tenidos en cuenta en la negociación que se avecina", dijo Espinosa, tras recalcar que su Departamento también busca un "amplio consenso" con comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias.
El grupo que lidera España e integran Francia, Italia, Grecia, Portugal y Hungría ha trasladado a la UE la necesidad de que la reforma adapte algunos mecanismos para un mayor ajuste de la oferta a la demanda y mejore la competitividad del sector "sin grandes cambios en la normativa actual".
"Hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con un mercado comunitario cada vez mas abierto", tanto por las exigencias de la OMC como para favorecer el desarrollo de determinados países, resaltó la titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según explicó, el consumo de frutas y hortalizas no aumenta en la misma medida que la oferta con la progresiva apertura del mercado comunitario, a lo que se suman el insuficiente grado de concentración de los productores y el ligero descenso del presupuesto europeo en los últimos años.
ESTRATEGIA ESPAÑOLA.
Espinosa avanzó que en los próximos días responsables de su Departamento se reunirán con representantes de comunidades autónomas y de agricultores para que la delegación española defienda en Bruselas una posición que dé respuesta a las necesidades del sector.
El Gobierno español aspira a que la reforma hortofrutícola contenga fórmulas para la mejor organización del sector, aborde la regulación de frutos de transformación y la crisis de mercados, al tiempo que simplifique las normas existentes y avance en el respeto al medio ambiente.
Concretamente, propone mejorar la gestión de crisis, con mecanismos preventivos antes de bajadas de precio, mantener ayudas condicionadas a la transformación, y abordar con especial atención los problemas que atraviesa el sector del tomate, con existencias en poder de industrias mayores de lo normal y penalizaciones de ayudas.
Asimismo, apuesta por un tratamiento individualizado a los distintos productos, con lo que en el caso de las frutas (cítricos, melocotón y peras) sería necesario mantener el sistema actual de ayudas vinculadas a la transformación del producto, mientras que en el caso del tomate, la regulación debería cambiarse.
INESTABILIDAD DE PRECIOS.
Por su parte, los grupos parlamentarios apostaron por que la reforma comunitaria contemple fórmulas para atajar la inestabilidad de precios de frutas y hortalizas en origen y permita el rápido desarrollo de la competitividad.
La parlamentaria del PP María Pia Sánchez Fernández advirtió a Espinosa de que el sector atraviesa una grave crisis que requiere apoyos como los articulados por otros países como Francia, que contempla apoyos directos a empresas y fórmulas para la competitividad de las explotaciones.
El diputado de CiU Pere Grau reclamó apoyos para la fruta dulce, y Jordi Ramón (ERC) pidió la creación de un sistema para garantizar la renta de los agricultores, mientras que la socialista Maria Antonia Armengol Criado resaltó la importancia de que la postura de España sea similar a la de Francia, así como la intención de mejorar la postura negociadora de los productores frente a las grandes empresas.
