MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y IU-ICV llevarán mañana, martes, al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley que pretenden la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, prestación económica universal e incondicionada que recibirían los ciudadanos de pleno derecho que puedan acreditar su residencia en el territorio del Estado, incluso en el caso de que no quieran trabajar remuneradamente, y al margen de otras posibles fuentes de renta.
Según los textos presentados en el Congreso, a los que ha tuvo acceso Europa Press, esta renta se haría efectiva a todos los ciudadanos que residan en España desde el momento de su nacimiento y durante toda la vida, en una cuantía nunca inferior al umbral de la pobreza de cada comunidad autónoma.
En este sentido, se establecerían diferentes cuantías en función de la edad. Para mayores de 18 años, se destinaría al menos el 100% de la cantidad que conforma el umbral de la pobreza y para menores de 18 años, al menos el 50%. Asimismo, ERC pretende que para los mayores de 65 años, dicha prestación supere en un mínimo del 10% el umbral de la pobreza. La ayuda se haría efectiva en doce pagas mensuales.
Los textos presentados por los dos grupos parlamentarios coinciden en que el objetivo de esta Ley es acabar con la pobreza de la ciudadanía, garantizando una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas; evitar la estigmatización de aquellas parte de la población que tiene que demostrar su incapacidad para lograr recursos a fin de acceder a un determinado subsidio; y racionalizar el sistema de subsidios condicionados del actual estado del bienestar.
De esta manera, el Gobierno central, previa consulta con las comunidades autónomas, fijará anualmente la renta básica correspondiente a cada comunidad, teniendo en cuenta el IPC y el umbral de la pobreza de cada una de ellas.
Esta prestación, compatible con otras posibles rentas del trabajo y exenta de retención del IRPF, se financiaría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas, y podría articularse con una reforma de la imposición directa e indirecta.
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