El juicio por el caso Gescartera se ha reanudado hoy en una sesión de infarto. Durante más de cinco horas, el principal acusado, Antonio Camacho, ha comparecido ante la Audiencia Nacional sin reconocer ni uno de los delitos que se le imputan. En su lugar, el ex presidente de Gescartera ha derivado la culpa a otros acusados e incluso a la CNMV, que conocía la situación de la agencia de valores desde 1992.
En respuesta a las preguntas del fiscal Vicente González Mota, Camacho explicó que el regulador bursátil comenzó a tener conocimiento de las operaciones de Gescartera a raíz del peritaje realizado por la Agencia Tributaria y que fue en base a la recomendación de la CNMV que Gescartera amplió su plantilla, ya que en dicha investigación se determinó que la agencia carecía de la capacidad y los medios suficientes para gestionar las inversiones.
Acusaciones para todos
Camacho afirmó que él sabía "perfectamente" donde estaban los ahorros de los clientes y que "nunca" se compensaron los saldos de los clientes con la inversión de otros. En este sentido, reveló que poco antes de que Gescartera fuese intervenida -en 2001-, acudió a una financiación desde Estados Unidos para salvar las pérdidas de los afectados, valoradas en más de 50 millones de euros.
Ante varias evasivas de Camacho a preguntas de la acusación, el fiscal se vio obligado a esgrimir varios documentos en los se demostraba que en 1999 ya conocía el "desfase" patrimonial de más de 48,08 millones de euros, lo que le llevó a presentar incluso cheques falsos por valor de 24,04 millones de euros para parar la investigación de la CNMV.
La deuda de Gescartera con Camacho
Sin embargo, el acusado insistió en que nunca se apropió del dinero de los clientes y que buscó el auxilio de "grandes prestamistas" -con aportaciones de hasta 400 millones de pesetas- para compensar las minusvalías de sus clientes.
Camacho, que tenía un sueldo mensual de 4.800 euros, aseguró que tanto él como su familia asumieron "personalmente" las pérdidas, debidas a errores del departamento de gestión, y realizaron "inyecciones" de liquidez por más de 19,02 millones de euros.
La versión del fiscal y las acusaciones que hablaron de una "doble operativa" para desviar más de doce millones de euros a sociedades ligadas a él como BC Fisconsulting o Bolsa Consulting. Así, en 2001, poco antes de la intervención, la agencia de valores ya le debía 900.000 euros.
El principal imputado de Gescartera, para quien el fiscal pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad, incluso llegó a indicar que la CNMV, a través de su jefe de Supervisión, Ramiro Martínez Pardo del Valle, le recomendó que contratara a José María Ruiz de la Serna y a Salvador Alcaraz para solucionar los problemas de información y gestión.
"Nunca he engañado a la CNMV ni he ordenado hacerlo", explicó Camacho al fiscal Vicente González. Sin embargo, el acusado afirmó que no podía acreditar que Ruiz de la Serna no lo hubiera hecho. Así, el imputado declaró que eran éste y el entoces director de supervisión del organismo regulador, Antonio Botella, quienes le informaban del resultado de las inspecciones que realizaba el organismo sobre Gescartera, y que se reunió en "varias ocasiones" con representantes de la CNMV para estar informado.
No serán imputados
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reiterado en su decisión de no imputar a varios altos cargos de la CNMV y el Gobierno por "delitos de estafa o de fraude". De este modo, se han vuelto a rechazar las cuestiones previas presentadas por las partes durante las dos primeras jornadas del juicio y deja fuera del proceso a la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente, al ex vicepresidente Luis Ramallo y al ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
Esta decisión sigue lo propuesto por el fiscal González Mota, que acusó a 14 personas ligadas con Gescartera con Antonio Camacho a la cabeza, y lo dispuesto por la juez Palacios, quien exculpó ya a otras 39 personas contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figuran Valiente y Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración.
Además, llamará a declarar al ex presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, que estuvo al frente de del regulador bursátil entre 1996 y 2000, y al entonces director de Supervisión, Ramiro Martínez Pardo. Ambos testimonios habían sido solicitados por Antonio Camacho, principal acusado y para quien el fiscal pide más de once años de cárcel, y su mujer, Laura García Morey.
Más de 4.000 afectados
En la tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero afecta a más de 4.000 inversores, la presidenta del tribunal, Carmen González, comunicó el auto de resolución de las cuestiones en el que sólo se aceptó la petición de trasladar a las partes toda la documentación incluida en la causa.
En cuanto a las pruebas testificales y documentales, el tribunal denegó la aportación a la causa de la documentación y declaración de los testigos relacionados con los inmuebles que adquirió Camacho después de su imputación en la causa por valor de 1,8 millones de euros. El fiscal anunció la semana pasada que las propiedades ya habían sido embargadas.
El tribunal estimó la aportación del currículum, así como la documentación referente a la vida laboral de Camacho y su mujer, y denegó la pericial sobre el patrimonio del principal imputado. González también aceptó la aportación del parte médico sobre la situación psiquiátrica de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna.
Los 14 imputados en la causa tendrán que responder a las preguntas del fiscal, las defensas, los abogados de las 40 acusaciones personadas, así como de los responsables civiles y subsidiarios y los partícipes a título lucrativo.
