La CEOE, después de colaborar, no se adhirió a la firma pero sí lo hicieron CC.OO, UGT y el Consejo General de la Abogacía del Estado
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Ministerio del Interior acogió hoy la firma de un protocolo marco para el fomento de la lucha contra la siniestralidad laboral bajo el objetivo de establecer mecanismos de cooperación entre las administraciones para garantizar la investigación de los delitos contra la integridad física de los trabajadores, así como la ejecución de las sentencias condenatorias.
El documento lo suscribieron los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera; el presidente del Consejo Superior del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando; y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT, así como el Consejo General de la Abogacía del Estado (CGAE) se adhirieron a la firma. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) decidió no sumarse a la misma tras haber participado en las reuniones de elaboración del protocolo que se han venido desarrollando durante los últimos seis meses.
Fuentes de la CEOE explicaron que están de acuerdo con el "99,9%" del protocolo, menos con una cláusula que concede a los sindicatos la facultad de poder personarse en los procedimientos penales derivados de accidentes laborales una vez comenzado el proceso judicial, acción no contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por ello, no se han adherido a la firma.
El protocolo establece un marco de actuaciones dirigidas a agilizar la detección de los accidentes de trabajo graves y mejorar la coordinación de los agentes implicados en la investigación. En este punto se pretende incrementar la capacidad de comunicación de la administración sanitaria hacia los agentes de la Policía Judicial, ya que son los primeros en llegar a lugar del suceso.
El siguiente paso sería facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción para identificar las pruebas, tomar declaración a los testigos y realizar los atestados en el mismo lugar de los hechos para evitar el ocultamiento por parte del empresario infractor.
Por último, se tratará de facilitar a los jueces y fiscales la investigación de la titularidad de la empresa que se ha visto envuelta en el siniestro. El texto, servirá de referencia para la firma de convenios con las distintas Comunidades Autónomas que ostentan las competencias en materia laboral y sanitaria y serán las encargadas de aplicar el protocolo.
La Fiscalía General ya tiene firmados convenios de siniestralidad laboral con Asturias, Andalucía, Galicia, Catalunya, Zaragoza, Asturias y Castilla la Mancha.
REFERENTE CONTRA SINIESTRALIDAD
Durante su intervención, Rubalcaba destacó que este protocolo "aspira a ser una referencia" para todas las Comunidades Autónomas en la lucha contra los accidentes laborales y fijó su objetivo en "terminar con la resignación de acostumbrarnos a que los accidentes sean lo habitual".
Por su parte, Caldera calificó la reducción de los siniestros laborales de "exigencia social" y recordó que la situación "está mejorando". Según los datos aportados por Trabajo, durante los últimos 12 meses, el índice de siniestralidad global ha caído un 5,3%, por lo que se sitúa en el nivel más bajo desde hace 20 años.
"Tenemos un índice de 5.785 accidentes por cada 100.000 trabajadores durante los últimos 12 meses", explicó Caldera. Destacó el descenso de un 11,4% del índice de accidentes mortales laborales respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, dijo que la cifra sigue siendo de tres accidentes mortales al día y la más alta de la Unión Europea.
En cuanto al número absoluto registrado, los accidentes sin fallecimiento descendieron un 1,3%, mientras que los mortales bajaron un 7,7%, lo que significó 75 accidentes con víctima mortal menos que el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, Conde-Pumpido explicó que queda pendiente el "desafío" de establecer un protocolo de carácter estatal al que aspira esta "herramienta" de incremento de la colaboración entre cada órgano e institución y que servirá de modelo marco para las Comunidades Autónomas.
Por su parte, la representante de UGT Dolors Hernández alertó de que el obstáculo más grande es la "falta de medios técnicos y humanos" en todos los campos de actuación. Asimismo, recordó que el protocolo "no se plantea criminalizar a los empresarios" y que la colaboración con el Ministerio Fiscal "ha triplicado las actuaciones" en el ámbito laboral.
El portavoz de CC.OO., Fernando Puig, calificó el protocolo de ser "un dique de contención frente a la siniestralidad" para que ningún accidente "quede impune". "El problema no es de existencia o no de normas sino de cumplimiento", afirmó Puig.
El convenio establece la creación de una comisión de seguimiento, compuesta por cuatro personas, una por cada una de las administraciones firmantes, con el fin de evaluar su funcionamiento y elaborar un informe anual, así como proponer modificaciones. Por su parte, el Ministerio del Interior organizará jornadas técnicas de formación dirigidas a la Policía Judicial.
