Madrid, 18 sep (EFECOM).- La Comisión de Economía del Congreso aprobó hoy por mayoría el proyecto de ley que regula las nuevas exigencias de riesgos para las entidades financieras, Basilea II, sin apenas cambios en su contenido.
El texto, al que se incorporaron cinco enmiendas técnicas del grupo socialista y dos de Izquierda Unida, sólo fue rechazado por el grupo nacionalista vasco, mientras que CiU se abstuvo.
La normativa deberá ser ahora aprobada por el Pleno de la Cámara Baja para seguir su procedimiento parlamentario en el Senado, con el objetivo de que pueda aplicarse a partir del 1 de enero próximo.
Este proyecto de ley, cuya finalidad es ajustar los requisitos mínimos de capital de las entidades financieras a sus verdaderas necesidades y riesgos, modifica las obligaciones sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.
En este sentido, el diputado socialista Agustín Turiel defendió durante su intervención en la Comisión que con la nueva normativa se logrará armonizar los requisitos de las entidades, de forma que se eviten "las ventajas y desventajas en términos de competitividad".
El texto, que traspone a la normativa española una Directiva comunitaria de 2006, pretende lograr una mayor convergencia y efectividad de los criterios de solvencia y de supervisión prudencial, así como menores riesgos para los consumidores y para la estabilidad financiera.
Sus principales objetivos son ajustar los requisitos de recursos propios, establecer una supervisión más personalizada y adoptar mejores prácticas para incrementar la confianza del inversor.
En el caso de los recursos propios, exige unos coeficientes mínimos dependiendo de los riesgos de crédito, de mercado, de tipo de cambio, de materias primas y operativos, y establece una forma de medirlos en función de su tamaño, grado de sofisticación y complejidad de su actividad.
La normativa permite utilizar calificaciones externas de riesgo de crédito, pero sólo si las realizan empresas reconocidas por el Banco de España, y obliga a las entidades a poner en marcha procedimientos internos de evaluación en la adecuación de capital.
Respecto al proceso supervisor, establece un diálogo entre la entidad de crédito y el Banco de España, garantizando una supervisión más personalizada, al tiempo que insta a esta institución a publicar periódicamente los criterios y metodologías que seguirá en el ejercicio de su actividad.
En cuanto a la disciplina de mercado, exige al sector financiero publicar información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión, con el fin de alentar a la adopción de mejores prácticas y aumentar la confianza del inversor.
Por último, el proyecto de ley refuerza la capacidad del Banco de España en la promoción de buenas prácticas en relación con la normativa de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, y le autoriza a publicar guías para ayudar a las entidades en la aplicación de las nuevas exigencias. EFECOM
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