Grecia funcionaba este miércoles en cámara lenta, sin transportes aéreos, marítimos o ferroviarios, en el marco de una huelga general de 24 horas contra las medidas de rigor económico y dos reformas del mercado del trabajo y de las empresas públicas votadas en la noche del martes.
Por tercera jornada consecutiva, después de varios paros en los transportes, Atenas estaba bloqueada por gigantescos atascos del tránsito, debido a paros en los metros, buses y tranvías y en la espera de dos manifestaciones en el centro de la ciudad.
Con el espacio aéreo cerrado por la participación en la huelga de los controladores aéreos, con todos los barcos en el puerto por el paro de los marinos, el país también estaba privado de toda información por una huelga de 24 horas de los periodistas.
El movimiento implicaba también las escuelas, hospitales, tribunales, bancos y grandes empresas públicas (DEKO) en particular la electricidad y correos, mientras que una serie de sindicatos, entre ellos los de los farmacéuticos y los ingenieros civiles, llamaron a sus adherentes a participar en él.
La huelga, prevista en un principio en el marco de una jornada de acción europea contra el rigor, se transformó en una movilización general contra la extensión de recortes salariales al sector privado y a los DEKO.
Dos reformas en ese sentido fueron adoptadas el martes por la noche en procedimiento de urgencia en el parlamento, por 156 votos a favor y 130 en contra.
Una de ellas prevé un recorte de 10 a 25% de los salarios en las empresas públicas deficitarias (entre ellas la compañía ferroviaria, de transportes urbanos y televisión pública).
La otra reforma permite a las empresas privadas ignorar acuerdos sectoriales que establecen escalafones salariales para apoyarse en cambio en convenciones empresariales.
Tras una primera serie de medidas de austeridad adoptadas desde mayo, estas nuevas reformas eran reclamadas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (UE) para proseguir con el saneamiento de la economía griega y como condición previa a la liberación en febrero de la cuarta etapa del préstamo de 110 millones acordados a Grecia en mayo para salvarla de la bancarrota.
Respaldado en las urnas en una elección local a principios de noviembre, y a pesar del duro plan de rigor lanzado en 2010, el gobierno socialista griego ha mantenido hasta el momento su determinación de avanzar con el ajuste, en medio de una fuerte presión de sus acreedores.
A cambio de esto, Grecia podría obtener más tiempo para pagar el dinero que ha recibido de parte de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cuyo vencimiento está previsto inicialmente para 2015.
La intención es extender ese plazo a siete años, siguiendo el modelo que se ha adoptado con Irlanda, otro países que tuvo que recurrir a un rescate financiero internacional para evitar la quiebra.
El objetivo de esta prolongación es dar oxígeno a Grecia, que quiere volver el año próximo a los mercados de obligaciones de Estado a largo plazo para volver a refinanciarse su deuda por los canales habituales.
