El PP ve hoy un discurso "más matizado" en el PSOE, que denunció en el anterior debate "graves irregularidades" de la etapa Aznar
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El PSOE y el PP llegaron hoy a un acuerdo en el Congreso respecto a sus respectivas propuestas de resolución del informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas de los periodos comprendidos entre 1999 y 2003 --últimos años del Gobierno Aznar-- en relación con la adjudicación de contratos públicos, mediante las cuales instaron al Gobierno a "adoptar medidas adecuadas para que emplee máximo rigor en la selección y justificación de la forma de contratación".
En concreto, las propuestas de resolución de los informes del Tribunal de Cuentas de la última etapa del Gobierno del PP, así como las del informe de Fiscalización de procedimientos de gestión y control de tasas en el Sector Público Estatal, fueron presentadas y debatidas en la comisión mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En este contexto, se aprobó por unanimidad instar a los órganos competentes a adoptar medidas adecuadas para que el envío al Tribunal de Cuentas de la relación anual de los contratos se ajuste a lo expresado en la normativa reguladora, y que los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares sean precisos en lo que se refiere a medios de acreditación de solvencia financiera, económica y técnica de los licitadores, para preservar la competencia.
Ambos grupos pidieron incrementar el seguimiento por parte de las entidades contratantes de las distintas fases de ejecución de los contratos y en particular de los plazos previstos para la ejecución de los mismos, a emplear también el máximo rigor en la selección y justificación de la forma de adjudicación y garantizar la adecuada calificación de los contratos de consultoría y asistencia técnica y de servicios.
INFRACCIONES Y OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN
PSOE y PP solicitaron el cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones de remisión de información de relaciones de contratos y expedientes, así como ejecutar "rigurosamente" los condicionantes de procedimientos de urgencia y emergencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
Las dos formaciones quieren evitar los fraccionamientos injustificados que constituyan una infracción de las prescripciones establecidas en el TRLCAP, así como a llevar a cabo las obligaciones de publicación de las licitaciones y adjudicaciones en el BOE y en el DOCE.
Pidieron también justificar "suficientemente" la necesidad de acudir a los contratos de consultoría y asistencia técnica y servicios en relación con los medios materiales y personales de la administración que los demanda, así como que se respete la observancia de los principios de publicidad y concurrencia en las entidades no sujetas a la Ley de Contratación de Administraciones Públicas y a su texto refundido.
SUPRIMIR TRIBUTOS TRANSFERIDOS
Respecto al informe de gestión y control de tasas en el Sector Público Estatal de estos periodos, PSOE y PP instaron al Gobierno a estudiar la supresión como tributos de competencia de la administración estatal, de aquellas tasas del informe que no tienen recaudación por las transferencias a las comunidades autónomas o por desaparición de los servicios de administración que justificaban su exacción.
Así, se pidió estudiar la conveniencia de la supresión de aquellas tasas que muestren signos evidentes de escaso potencial recaudatorio y en las que no está justificado su mantenimiento. También se solicitó que se recaben la información necesaria para que el Gobierno lleve a cabo una compilación normativa de tributos.
Ambos grupos ven necesario continuar en la línea de mejora de aplicaciones informáticas para la gestión de tasas y la realización de estudios sobre la viabilidad práctica de los tributos presupuestos mediante la elaboración de una memoria económica-financiera "que justifique costes y cuantías", según matizó el diputado socialista Francesc Vallès.
PSOE y PP pactaron pedir cambios normativos para habilitar a la Agencia Tributaria como órgano de dirección de la gestión recaudatoria de tasas y a realizar un control de cuentas restringidas de recaudación. Quieren reforzar el control y seguimiento de la información a remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por los distintos órganos gestores, incluyendo la potestad sancionadora cuando se incumpla remitirla a tiempo de forma adecuada.
Opinaron que la coordinación entre la Agencia y los distintos órganos gestores evita retrasos en dicha remisión y pidieron la elaboración de manuales de procedimiento así como la revisión de la normativa que regula la gestión recaudatoria de las tasas.
DISCURSO "MÁS MATIZADO"
En esta ocasión, el discurso de ambos partidos fue "más matizado" que en la última cita del pasado 14 de marzo, en la que compareció el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, para presentar los informes mencionados, según opinó en declaraciones a Europa Press la portavoz de Presupuestos del PP, Elvira Rodríguez.
De hecho, el PSOE ya había señalado en la Cámara Baja su convicción de que hubo "graves irregularidades" en materia de contrataciones públicas durante los cinco último años del Gobierno Aznar, lamentando que esos errores se estuvieran convirtiendo en "una costumbre" y avisando de la alarma social que estos hechos pueden generar.
El PP restó crédito a esta versión y defendió que las "incidencias" registradas son concretas y muy limitadas en relación con el volumen total de la contratación, por lo que Rodríguez recalcó, al igual que hizo esta mañana, que no deben ser contempladas de modo general. En su opinión, el senador socialista Luis Salvador y el diputado Vallès suavizaron hoy su discurso admitiendo que las incidencias registradas en el informe del órgano fiscalizador no eran de carácter general.
