Madrid, 30 may (EFECOM).- La patronal empresarial CEOE pidió estabilidad y seguridad jurídica en Bolivia, ya que considera que el decreto sobre Nacionalización de los Hidrocarburos aprobado por el Gobierno de ese país supone una "grave violación" del principio de seguridad jurídica que exige cualquier proceso de inversión.
En su último boletín de junio, difundido hoy, la CEOE afirma que las contradicciones jurídicas que apareja la Ley de Hidrocarburos o los "vacíos evidentes" en lo relativo a indemnizaciones por la expropiación "vulneran" principios básicos del funcionamiento de un sistema económico con garantías.
El pasado 1 de mayo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó la nacionalización de los hidrocarburos y obligó a las empresas que operan en el sector -entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF- a entregar toda su producción a la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que asume también el control de las reservas de gas.
Por ello, los empresarios reiteran al Gobierno boliviano que actúe de conformidad con el Derecho Internacional establecido en el Acuerdo de Diálogo Político de Cooperación firmado entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, y en el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y la República de Bolivia.
Lo hacen, dicen, para evitar que se vea afectada la imagen de Bolivia a nivel internacional y, en consecuencia, su capacidad para generar riqueza y empleo.
En este sentido, la CEOE reitera el compromiso con la región y con Bolivia, "siempre que se respeten unas normas básicas de estabilidad y libertad de los marcos regulatorios".
Al respecto, la patronal recuerda que esa propuesta se la hicieron al presidente de Bolivia, Evo Morales, durante su visita en enero pasado a la sede de CEOE. EFECOM
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