
El juicio por acusaciones de malversación contra Jean Marie Messier, ex presidente del grupo de medios de comunicación y telefonía Vivendi Universal, comenzó este miércoles en París, ocho años después de que la otrora estrella de los empresarios franceses abandonara las riendas del grupo.
Messier, de 53 años, deberá responder hasta el 25 de junio próximo ante un tribunal penal de París por tres cargos: difusión de informaciones falsas o engañosas, manipulación de precios y malversación de bienes sociales.
Messier, símbolo de la burbuja de Internet y de sus excesos, se vio obligado -en julio de 2002- a renunciar a la presidencia de VIVENDI <:EX.PA:>Universal, grupo que había formado a golpe de fusiones y adquisiciones desde la original Generale des Eaux.
El ejecutivo, acompañado por su mujer, entró discretamente en el tribunal, donde comparecerá junto a otros cinco ex altos responsables de Vivendi Universal (VU) y a un responsable de un establecimiento financiero.
Entre ellos figura el canadiense Edgar Bronfman Jr, heredero de una de las más célebres dinastías industriales de su país, el grupo Seagram, adquirido en el año 2000 por Vivendi, que de esa forma accedía a los prestigiosos estudios cinematográficos Universal.
En su época de gloria, entre 1994 y 2000, Messier desarolló una desenfrenada política de comunicación sobre la situación de su grupo, antes de que los mercados descubrieran que en realidad VU tenía una deuda de 35.000 millones de euros, lo que precipitó su renuncia.
Messier aprovechó la euforia bursátil de los años 90 para constituir un gigante de los medios de comunicación que había logrado vincular exitosamente el desarrollo de "contenidos".
Es decir, la producción que salía de los estudios Universal, y de los medios de comunicación que los difundían, puesto que era dueño del canal de televisión privado Canal Plus.
En enero pasado, un tribunal federal de Nueva York declaró culpable de comunicación engañosa por imprudencia al grupo Vivendi, pero exculpó a Messier, que ante la justicia francesa podría ser condenado a cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa. Unos 150 pequeños accionistas engañados, que impulsaron la demanda, estarán representados ante el tribunal penal de París.