Economía/Finanzas.- Las empresas de intermediación y reunificación se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros

El Anteproyecto de ley crea un registro de empresas del sector y las obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las empresas de intermediación financiera y refinanciación de deudas se tendrán que enfrentar a multas de entre 15.000 y 600.000 euros si incumplen los requisitos de registro público y contratación de un seguro de responsabilidad civil, tal y como establece el nuevo Anteproyecto de Ley que regula los servicios de intermediación y contratación de créditos o préstamos presentado hoy por el Gobierno.

La nueva ley establecerá un registro de las entidades y empresas que cubren estos servicios y se les obligará a cumplir diversos requisitos de transparencia e información y a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los incumplimientos en que puedan incurrir respecto al cliente, y cuya cantidad mínima asegurada se decidirá por orden ministerial.

El Gobierno espera que la nueva normativa esté en marcha esta legislatura, después de completar el trámite de audiencia y entrar en contacto con los diferentes actores del sector para llegar a las Cortes a partir de septiembre.

En concreto, el texto prevé la creación de un registro estatal con todas las compañías del sector, donde deberán comunicar todas las comisiones, gastos para los clientes y los tipos de interés máximos, incluidos los de mora.

Las empresas extranjeras que operen en el mercado español tendrán que identificarse necesariamente en este registro, mientras que en el caso español el registro se nutrirá de los datos de los registros de cada comunidad autónoma que deberían crearse, aunque esta iniciativa es competencia de ellas mismas, algo que desde el Ministerio creen "asegurado".

EVITAR INDEFENSION DEL CONSUMIDOR.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta nueva ley viene a cubrir una demanda real ante la "aparición de entidades no de crédito que se dedican a reagrupar deudas o buscar los créditos más baratos entre varias entidades", y con el objetivo de "evitar situaciones de indefensión".

Fernández de la Vega afirmó que hasta ahora la normativa era "fragmentaria", algo que este Anteproyecto "viene a resolver, tal y como ya se hizo con los servicios de bienes tangibles para evitar más casos como los de Afinsa y Fórum Filatélico". "España cuenta con una altísima seguridad financiera, tal y como demuestra la solidez de la Bolsa y el crecimiento del número de pequeños inversores".

MULTAS HASTA 600.000 EUROS.

El cumplimiento de estos requisitos tiene carácter previo, sin el cual las empresas no podrán operar, y para las ya existentes se especifica un periodo de adaptación de 6 meses desde que se ponga en marcha la ley, que de no cumplirse se considerará una infracción muy grave con posibilidad de multa de hasta 600.000 euros y amonestación pública a través del BOE.

La infracción leve acarrea multas de hasta 3.000 euros, de entre 3.000 y 15.000 euros para las graves y de 15.000 hasta 600.000 euros para las muy graves.

El texto incluye un régimen de infracciones y sanciones, en el que se da cobertura a la resolución extrajudicial de conflictos, particularmente al arbitraje de consumo, y se regulan las acciones de cesación.

Las sanciones para las entidades de crédito seguirán reguladas por la normativa actualmente vigente, y para el resto de empresas las multas por incumplimientos oscilará entre los 3.000 euros de las faltas más leves y los 600.000 de las más graves.

En el caso de las entidades de crédito, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones recogidas por la ley corresponden al Banco de España y la figura del defensor del cliente de las entidades, mientras que en el resto de empresas la responsabilidad de inspección y de sanción corre a cargo de las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas en materia de consumo.

NUEVAS NORMAS TAMBIEN PARA BANCOS Y CAJAS.

En lo que se refiere a la publicidad, la iniciativa del Gobierno viene a complementar la actual Ley de crédito al consumo y supone incorporar nuevas obligaciones en transparencia e información tanto para las entidades de crédito como para el resto de empresas del sector.

En lo que se refiere al crédito hipotecario, donde el Ministerio de Sanidad y Consumo ha reconocido "lagunas", el vacío se viene a llenar con esta iniciativa y supone trasladar a las empresas del sector las prácticas y obligaciones que ya cumplen las entidades de crédito como bancos y cajas.

En el caso del negocio de reunificación de deudas, la nueva ley traerá normas nuevas para todos, incluido bancos y cajas, que principalmente tendrán que aportar más información sobre las condiciones y tipos de productos que ofrezcan.

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