Un estudio señala que el precio es el mayor obstáculo a la hora de introducir criterios medioambientales en la contratación pública
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La subdirectora general de Régimen Interior y Patrimonio del Ministerio de Medio Ambiente, Soledad Sanz, abogó hoy por "introducir los criterios de sostenibilidad en la contratación pública en la agenda política" ya que los bienes y servicios que adquieren las Administraciones públicas suponen el 16 por ciento del PIB de la Unión Europea, "lo que significa un importante motor para desarrollar proyectos ambientales".
Durante su intervención esta mañana en la jornada 'La certificación forestal, sostenibilidad y retos de futuro' --organizada por la Asociación para la Certificación Española Internacional (PEFC) junto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad-- Sanz explicó que, según los resultados de un estudio de 2006 sobre la situación de las compras públicas en la Administración en Europa, el 67 por ciento de los encuestados afirmaron que sí tenían en cuenta criterios de sostenibilidad.
No obstante, tras el análisis de los pliegos que acompañaban a los cuestionarios que fueron enviados se detectó que, en realidad, tan sólo el 37 por ciento de los encuestados primaba realmente los criterios ambientales a la hora de la contratación o compra de bienes y servicios públicos.
Los principales obstáculos a la hora de 'comprar verde' eran, según la mayoría de los encuestados, los precios, el bajo apoyo de los gestores públicos y la poca formación entre los empleados públicos.
INICIATIVAS EN ESPAÑA
En el año 2006 se constituyó en España una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios medioambientales en las compras públicas --presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y con representación de todos los departamentos ministeriales-- con el objetivo de elaborar un informe sobre el grado de incorporación de los criterios medioambientales en la contratación, y un plan de contratación pública 'verde' que se espera aprobar a finales de 2007.
No obstante, es a los Ayuntamientos a quienes les corresponde la gestión de los servicios públicos relacionados con la sostenibilidad --protección del Medio Ambiente, alcantarillado, calidad del aire, etc--, aunque según afirmó la responsable de 'Agenda 21' del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Fernández, "continúa siendo escasa la dotación de recursos económicos y humanos".
En concreto, el Ayuntamiento de Madrid elaboró en el año 2005 un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Contratación con el objetivo de dar una respuesta práctica al establecimiento de la promoción de la protección del Medio Ambiente y reducir los impactos negativos.
Algunas de las prácticas que ya se están poniendo en práctica en el consistorio municipal madrileño son la contratación de vehículos de limpieza sostenibles, la contratación de servicios de mantenimiento de edificios que introducen criterios medioambientales en su gestión o la puesta en marcha de contenedores de residuos.
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