La CIJ rechaza la demanda de Argentina de desmantelar una pastera en Uruguay

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó el martes una demanda de Argentina de desmantelar y relocalizar una fábrica de celulosa en Uruguay que estima contaminante para un río limítrofe, en un fallo que pone fin a un largo litigio que afectó los lazos bilaterales.

La máxima instancia judicial de la ONU, con sede en La Haya, estimó empero que Uruguay incumplió su obligación de informar a su vecino sobre sus planes de construir la fábrica, ubicada en la ciudad fronteriza de Fray Bentos, 300 km al noroeste de Montevideo, en un dictamen que dio parcialmente la razón a ambas partes.

El gobierno uruguayo calificó en seguida de "positivo" el fallo y dijo que ahora busca convocar una reunión entre ambos presidentes. "Reconozco que puedan discutirse algunos de los procedimientos" pero "no es momento de discutir un fallo que a todas luces es positivo para Uruguay", afirmó el vicepresidente Danilo Astori.

Del otro lado, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estimó que el dictamen debe "servir de enseñanza" para respetar los acuerdos internacionales que se firman. "Esto nos debe servir como enseñanza", ya que "cuando uno firma y acuerda cosas en las que están en juego recursos naturales compartidos debe respetar lo firmado", dijo.

El ministro de Exteriores uruguayo, Luis Almagro, informó de que está gestionando un encuentro entre Kirchner y el presidente de Uruguay, José Mujica.

En su sentencia, la CIJ dictó que Argentina "no aportó pruebas concluyentes" que establezcan que la fábrica -que transforma madera en pasta de celulosa para papel- esté "afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico" del río Uruguay, de soberanía compartida.

Por lo tanto, "Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo" sobre la protección del medioambiente previstas en el estatuto del río de 1975, un tratado bilateral sobre su uso compartido, según el texto de la sentencia leído por el juez eslovaco Peter Tomka.

Así, el tribunal desestimó una de las principales demandas de Argentina, es decir, que ordenara el desmantelamiento y relocalización de la pastera, propiedad en sus inicios de la finlandesa Botnia y actualmente en manos de su compatriota UPM. La CIJ también rechazó la petición argentina de recibir una indemnización por daños supuestamente ocasionados por la actividad de la fábrica.

Sobre la forma de proceder de Uruguay respecto a su vecino, el tribunal le reprochó que incumpliera su deber de informar al gobierno argentino sobre sus "proyectos" para construir la planta, que entró en funcionamiento a finales de 2007.

El gobernador argentino de la provincia de Entre Ríos (con costas sobre el río Uruguay), Sergio Uribarri, habló de un "sabor amargo".

Los manifestantes argentinos que desde fines de 2006 bloquean el puente que une la localidad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, en protesta contra la fábrica, se mostraron decepcionados con el fallo. Los habitantes de Gualeguaychú (300 km al norte de Buenos Aires) "no van a aceptar jamás que la planta continúe en la ciudad uruguaya de Fray Bentos", dijo el ambientalista Lalo Moreyra, sugiriendo que la protesta podría continuar.

"¡La Corte dice que la planta es ilegal y nos condena a vivir con ella!", exclamó Victor Ribossin, un abogado de 51 años que forma parte de los activistas que bloquean este puente entre Uruguay y Argentina, que normalmente era cruzado por miles de personas cada año.

El ministro de Exteriores uruguayo dijo que "una de las prioridades" en las negociaciones con el gobierno argentino será que se levante el bloqueo del puente, aunque el tema no estaba incluido en el litigio sometido a la CIJ.

Argentina había demandado en mayo de 2006 a Uruguay ante la CIJ, afirmando que violó el tratado por autorizar de "forma unilateral" la construcción de la pastera y posteriomente denunció que su actividad causaba daños irreparables al río.

Uruguay, por su parte, había defendido la inocuidad de la planta, aduciendo que ningún estudio independiente ha probado que provoque daños ambientales.