MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Comercio (CEC) denunció hoy la permisividad de las autoridades ante las irregularidades e incumplimientos sistemáticos de la legislación comercial por parte de establecimientos regentados por inmigrantes, que podrían encubrir el el blanqueo de dinero y la explotación de trabajadores.
Así lo aseguró el secretario general de la CEC, Miguel Angel Fraile, para quien "no es aceptable" que autoridades locales y centrales "obvien que aquí hay un problema que está generando competencia desleal e incluso explotación de personas". "Pedimos que actúen, no pueden mirar hacia otro lado", reclamó.
Las comunidades Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias concentran la mayoría de irregularidades, que pasan desde aprovisionar a los 'top manta' a importar mercancía extracomunitaria de forma ilegal, distribuir falsificaciones y productos sin garantías sanitarias, incumplir la legislación laboral y de seguridad, y no contar con la licencia adecuada, entre otros.
"Las irregularidades se dan especialmente en establecimientos regentados por inmigrantes", insistió este portavoz. A su parecer, "es evidente" la "permisividad y descoordinación" de las diferentes administraciones públicas, por lo que considera necesario reforzar las inspecciones y controles en los comercios.
Fraile puntualizó que los titulares de estos establecimientos se declaran empresarios individuales en algunas ocasiones, "cuando en realidad forman parte de una red comercial", por lo que deberían tributar fiscalmente como un grupo empresarial y no como un comerciante autónomo.
Denunció además el pago de importes muy elevados, superiores a los precios de mercado, por los locales comerciales, sin que se declare la procedencia de los medios financieros aportados. Según el responsable de la CEC, "la procedencia de estos fondos es poco clara y podría venir del blanqueo de dinero".
Fraile aclaró que no todo el comercio regentado por inmigrantes se caracteriza por estas prácticas e insistió en la necesidad de no generar una "alarma innecesaria", pero advirtió al mismo tiempo de que el número de irregularidades registradas crece progresivamente, sobre todo en algunas comunidades autónomas.
PROPUESTAS A GOBIERNO Y CCAA.
Para contribuir a erradicar estas prácticas, la CEC propone al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a las autoridades laborales regionales que asesoren a los inmigrantes para que cumplan la normativa comercial y difundan una guía de buenas prácticas para mejorar la atención al cliente, entre otras medidas.
En esta línea, el presidente de la CEC, Pere Llorens, abogó por que los empresarios y asociaciones inmigrantes se asocien a la Confederación. En su opinión "hay que dar facilidades y evitar la discriminación de inmigrantes" y garantizar "su adaptación" a la legislación española. "Necesitamos una inmigración que cumpla las normas y se integre", resumió.
SE NECESITAN 50.000 TRABAJADORES.
La CEC también recomienda a Gobierno central y regionales que pongan en marcha políticas activas para favorecer la contratación de inmigrantes en su país de origen y colectivos desfavorecidos, y que impulsen programas de formación de parados, con el fin de cubrir la demanda de unos 50.000 puestos de trabajo anuales en el comercio tradicional.
"Estamos dispuestos a ir de la mano de los sindicatos", dijo Fraile, en alusión a la eventual mejora de las condiciones de trabajo y a fórmulas para conciliar la vida familiar y laboral, si bien precisó que los salarios y prestaciones en el comercio "están pactados en los convenios por encima de las de otros sectores".
"Es inaceptable que muchos comercios quieran expandirse y no puedan hacerlo por falta de mano de obra. Y que la mejor forma de encontrar trabajadores sea poner un rótulo en la tienda", lamentó el responsable de la CEC.
