MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno español que exija a la Comisión Europea (CE) un límite obligatorio de emisiones de CO2 para los nuevos vehículos después de que las diferencias existentes entre los 27 miembros de la CE hayan retrasado la decisión de legislar al respecto.
Anque el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, piensa que es "necesaria" una legislación vinculante que obligue a la industria automovilística a fabricar coches que en conjunto de toda la UE no emitan más de una media de 120 gramos por kilómetros de CO2, Ecologistas en Acción entiende que el ejecutivo comunitario "está cediendo ante la presión de la industria en detrimento de la salud del planeta".
Según la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, este límite "no se pone en cuestión", ya que de lo que trata es de "especificar claramente cómo conseguir este objetivo".
Los fabricantes de coches de la UE, Japón y de vehículos ecologistas se comprometieron en 1994 con la Comisión a alcanzar de manera voluntaria una reducción media de emisiones a 120 gramos por kilómetro en 2012 dentro de la flota automovilística comunitaria. En caso de que no lo consiguieran, Bruselas se reservaba el derecho de legislar para hacer obligatorio este límite.
En este sentido, la portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Barbara Helfferich, admitió recientemente que "en ningún caso los fabricantes llegarán al objetivo de 120 gramos por kilómetro en 2012" como media de toda la flota europea.
La discusión que continúa sobre las emisiones de coches se centra, por un lado, en la opinión del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, acerca de que, como la industria no ha cumplido sus compromisos voluntarios, hay que hacerlos obligatorios. Por su parte, el responsable de Empresa e Industria, Günter Verheugen, simplemente considera que "la legislación es una opción, pero este año será imposible", según recordó su portavoz, Ton Van Lierop.
Los portavoces de Dimas y de Verheugen no quisieron entrar en detalles sobre cuál es el nivel de apoyo en la Comisión a cada una de estas dos visiones, a pesar de que Barroso se posicionó claramente a favor de legislar.
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