RSC.- Ecologistas en Acción exige a la Junta de CyL y al Ayuntamiento de Valladolid que cierren Lingotes Especiales

Dice que un fallo del TSJCyL, que anula licencias de obra y actividad, ratifica que funciona de "forma ilegal" desde hace 40 años

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción anunció hoy que exigirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y al Ayuntamiento de Valladolid el cese inmediato de la actividad de la fundición de hierro de Lingotes Especiales, ubicada en la carretera de Fuensaldaña, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratifica la anulación de las licencias de obras y de actividad que la institución local le otorgó en 2001 y que, en opinión del colectivo, confirma que la empresa "ha venido funcionando de forma ilegal desde hace casi 40 años".

La última resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ratifica un fallo anterior en este mismo sentido dictado el 24 de febrero de 2003 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, si bien en este último caso el Alto Tribunal va más allá y, además de determinar que en la tramitación de las licencias no se respetó el trámite de información pública, establece también que se obvió el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por disponer la fábrica de una potencia instalada superior a los 10.000 kilovatios y ubicarse en una localización aislada de otras industrias, que es uno de los supuestos contemplados en la normativa vigente de 2001.

La anulación de las licencias, ya firme, deja a la fábrica vallisoletana y al vertedero de escorias de la misma en una situación de "absoluta ilegalidad", según denunció el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Angel Ceballos, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, incidió en que esa ilegalidad es la que lleva presidiendo la actividad de la fundición de hierro, la única existente en Castilla y León, desde que comenzara a funcionar en 1968.

Ante ello, para el colectivo no cabe otra cosa que el cierre inmediato de Lingotes Especiales, que cuenta con una plantilla de 420 trabajadores, al menos hasta que la empresa pase por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, "trámite desde el punto de vista administrativo inexcusable, tanto en la normativa estatal como autonómica, cuando se trata de actividades nocivas, insalubres y peligrosas".

UN TOTAL DE 50.000 TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS

A este respecto, Ceballos recordó que los dos peligros fundamentales de la fundición de hierro son, por un lado, la generación anual de 50.000 toneladas de residuos, de ellas al menos 500 toneladas de carácter nocivo, que hasta ahora se vertían en una nave aneja a la factoría y que ahora se depositan en el vertedero de Quintanilla de Onésimo y, por otro, la emisión a la atmósfera de contaminantes tóxicos como partículas y metales pesados (cromo, níquel y cadmio) de carácter cancerígeno.

En opinión del portavoz de Ecologistas en Acción, buena parte de la culpa de que Valladolid lleve cuatro años consecutivos rebasando los niveles de partículas admisibles para proteger la salud humana la tiene la actividad de Lingotes Especiales, que ha gozado de un "trato de favor" dispensado en estos casi últimos cuarenta años por parte de la Junta y del Ayuntamiento de Valladolid por haber permitido su existencia y ni siquiera haber abierto expediente sancionador alguno.

Y es que el colectivo denuncia que a la ley de evaluación de impacto ambiental que la Junta no ha aplicado a Lingotes Especiales se suma igualmente la vulneración de la Ley de Urbanismo, competencia esta última del Ayuntamiento de Valladolid, al haber realizado la empresa una serie de obras sin contar con las preceptivas licencias urbanísticas.

Ceballos incluso lamentó el hecho de que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, hayan visitado en ocasiones la factoría en la carretera de Fuensaldaña para inaugurar una serie de obras de ampliación que, paradójicamente, carecían de licencias.

El representante del colectivo advirtió de que en caso de que el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, y el alcalde no tomen cartas en el asunto y apliquen la ley, paralizando la actividad de la empresa, Ecologistas en Acción estudiará acudir a los tribunales al considerar que la conducta de los dos mandatarios pudiera ser constitutiva de prevaricación.

"La sentencia confirma una vez más el sistemático desprecio de las autoridades autonómica y local por la normativa vigente, por los derechos de los ciudadanos de Valladolid y su derecho a la salud y por los 420 empleados, que pueden ver peligrar sus puestos de trabajo por su actuación irresponsable", concluyó Ceballos.

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