La CE amenaza con un nuevo expediente y advierte de que el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia
BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno español contestó hoy a la Comisión Europea que no tiene previsto retirar las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa, pese a que Bruselas le había dado de plazo hasta este viernes para retirar estos requisitos al considerar que vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento.
En su respuesta al Ejecutivo comunitario, el Gobierno rechaza los argumentos de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y defiende las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria como necesarias para "garantizar la seguridad de suministro", según informaron fuentes gubernamentales, que consideraron inevitable que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las fuentes consultadas destacaron que "no se trata de un problema empresarial", puesto que E.ON ya ha aceptado las condiciones del Gobierno, sino una "diferente interpretación del derecho comunitario". "La lógica dice que se irá al Tribunal", añadieron.
Las nuevas condiciones cuya retirada exigía Bruselas son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
El Ejecutivo comunitario ha actuado ya hasta cuatro veces contra España por obstaculizar indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa. En primer lugar, Bruselas inició un expediente contra el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, que está a punto de llegar al Tribunal de Justicia. Además, declaró ilegales 18 de los 19 requisitos impuestos por la CNE a la OPA de E.ON, y lanzó otro procedimiento por la tardanza del Gobierno en retirar estas condiciones, que también sigue abierto.
BRUSELAS, INFLEXIBLE
La Comisión se mantuvo inflexible tras conocer la decisión del ministerio de Industria de no retirar las condiciones y anunció que endurecerá el enfrentamiento con España por el caso E.ON. En primer lugar, señalo que podría abrir un nuevo expediente contra el Gobierno, y dio por hecho que, si el Gobierno no rectifica su postura, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, explicó que "la obligación del Gobierno español no era responder o enviarnos una carta, el requisito que impusimos era garantizar que las condiciones que declaramos ilegales en nuestra decisión del 20 de diciembre se retiraran como muy tarde hoy".
"Si las medidas no se retiran, tenemos la opción de abrir un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no respetar la legislación comunitaria", señaló el portavoz, que no quiso hablar de plazos ni dar más detalles concretos, alegando que el Ejecutivo comunitario todavía no ha recibido formalmente la respuesta de España.
En todo caso, admitió que si el Gobierno español "se mantiene en sus trece" el caso acabará ante el Tribunal de Justicia. "La ventaja de las sentencias del Tribunal de Justicia es que establecen una jurisprudencia clara para el futuro", afirmó.
Todd insistió en que el Ejecutivo comunitario "tiene la obligación de defender la legislación comunitaria". "Es la Comisión Europea, sujeta al control del Tribunal de Justicia, la que decide si se está respetando o no la normativa europea", añadió.
Recordó finalmente el compromiso de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, de "garantizar que las empresas europeas pueden operar en un terreno de juego igual para todas para beneficio de los consumidores, compañías y la economía en su conjunto", y advirtió que este caso podría perjudicar a las empresas españolas que actúen en otros países de la UE.
"Si un estado miembro actúa con desprecio de la legislación comunitaria no puede esperar que otros Estados miembros la respeten", concluyó.
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