La mitad del capital de la bolsa española está en manos de inversores internacionales. Controlaban el 50,3% de las cotizadas a cierre de 2022, frente al 48,8% que mantenían el año previo. Es la segunda vez que la cifra bate el 50% y supone un récord de las tres décadas en las que hay registros, según el Informe sobre la propiedad de las acciones españolas cotizadas publicado por BME este martes. No fue hasta 2009 cuando alcanzaron el 40% y poco a poco han ido ganando peso frente a otros inversores como las familias.
Esos inversores extranjeros son principalmente institucionales, que van desde gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros, fondos de capital riesgo o private equity e incluso bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones. Entre las mayores gestoras del mundo por activos al cierre de 2022 se encontraban BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, State Street Global, JP Morgan, Alliance Group o Capital Group.
Tampoco hay que subestimar la relevancia que están tomando los grandes fondos soberanos del mundo. Entre ellos, destaca claramente Norges Bank, con participaciones importantes, entre el 3% y el 3,25%, en Repsol, Solaria, Iberdrola, Cellnex y Santander; y entre el 2,5% y el 2,99% en Unicaja, Sabadell, Redeia, Amadeus, Ferrovial, Meliá, BBVA, Sacyr, Telefónica, ACS, Colonial y Acerinox. Pero también se van haciendo un hueco los grandes fondos de Oriente Próximo. De hecho, si se uniera el capital que controlan ya los fondos de Qatar, Emiratos y Arabia Saudí serían el cuarto accionista de la bolsa española, según datos recopilados en Bloomberg, tras la última entrada de este último país en Telefónica.
Cambios en el inversor minorista
Mientras el inversor institucional ha recuperado el papel que tenía en la bolsa española antes de la pandemia, las familias han recortado su participación a niveles previos al Covid. A cierre de 2022 el peso de los particulares se redujo en casi un punto porcentual, hasta el 16,2%. En BME citan como ejemplo la pérdida de accionistas de las seis principales entidades bancarias españolas cotizadas que, si ya fue de más de 200.000 titulares en 2021, alcanzó casi otros 110.000 accionistas menos en 2022.
Pese a la caída, en España aún hay más presencia de minoristas que en otros países europeos. "Una de cada 8 familias tiene acciones", como recuerda Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. En la pandemia se produjo un importante acercamiento de muchos nuevos inversores a los mercados financieros. En ocasiones, se trataba de un perfil más joven que comenzaba a interesarse por invertir. Pero el peso del minorista vuelve a retroceder por varias razones, además de que hay una convergencia hacia otros países europeos en los que ya hay menos peso.
La primera radica, según BME, en las reformas que se han realizado en los mercados financieros para proteger al particular; la segunda, en el hecho de que los particulares ya no están pudiendo acudir a las salidas a bolsa; y la tercera es que muchos están empleando vehículos como los fondos para invertir de forma indirecta. Tampoco ayuda que algunos valores arrastrasen caídas desde años (en sectores como el financiero o el de telecomunicaciones) ni que los más jóvenes, sobre todo, estén optando por invertir en otros activos como las criptomonedas.
Por su parte, las instituciones de inversión colectiva -aquí se incluyen los fondos de inversión, por ejemplo- han perdido peso en el último año y desde BME lo achacan tanto al desmantelamiento de más de 1.100 sicavs como al perfil conservador de los inversores españoles y la creciente diversificación geográfica de las carteras de estas instituciones.
Reclamaciones de mejor fiscalidad
En BME reclaman desde hace tiempo que haya incentivos fiscales que apoyen la inversión en las cotizadas españolas y las nuevas salidas a bolsa. Este mismo lunes, García Coto hacía referencia a esta cuestión en una jornada organizada por elEconomista.es. "La falta de decisión de las autoridades públicas para apoyar con mayor consistencia un mapa fiscal de los activos financieros españoles que sea competitivo en términos internacionales no encaja estratégicamente con la perentoria necesidad que tiene la economía española de sostener un flujo continuo de capitales tanto para refinanciar los altos niveles de deuda, como para garantizar flujos de capital de manera continuada que promuevan la mejora de la productividad", señalan en el informe, citando como ejemplo el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que se instauró en 2021 y que a juicio del gestor de la bolsa está penalizando "injustamente" a las empresas españolas, "al no ser un impuesto consensuado con la UE", pese a que algún otro país también lo tiene.
¿Qué se puede hacer? Sus reclamaciones pasan por la falta de incentivos a la inversión en acciones de PYMES tanto directa como a través de vehículos de inversión colectiva; la ausencia de incentivos a una mayor diversificación del ahorro financiero de las familias; el tratamiento de las sicavs o el "inadecuado tratamiento fiscal de los ETFs, de los Certificados de inversión y de productos cotizados novedosos como los denominados ETPs que han dejado a los inversores españoles fuera de estos productos de éxito en los mercados de capitales desarrollados".
