Las compañías, junto a las obligaciones regulatorias, reciben continuas peticiones de entidades independientes como las del Carbon Disclousure Project que miden las emisiones de carbono. También tienen que rellenar los densos cuestionarios enviados por los principales índices bursátiles de sostenibilidad como el FTSE4good o el Dow Jones Sustainability Index. Las obligaciones de información corren el riesgo de convertirse en una peligrosa Torre de Babel sin fin.
El Consejo Europeo ha aprobado la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD por sus siglas en inglés). Con esta aprobación se pone fin a los tramites legislativos de dicha directiva. Entrará en vigor el 1 de enero de 2024, con datos referidos al ejercicio de 2023, para las empresas con más de 500 empleados, en 2025 para las firmas de más de 250 empleados o 40 millones de ventas o un balance superior a los 20 millones, y para las pymes cotizadas a partir de 2026. El CSRD supone una actualización de la Directiva de Información No Financiera (NFRD, 2014), marco actual de la información sobre sostenibilidad de la UE.
La UE persigue el objetivo de crear un marco común de información, algo demandado tanto por empresas como por los inversores y otros grupos de interés. Las compañías deberán informar de acuerdo con las normas vinculantes recién aprobadas por el Grupo Consultivo de Información Financiera (EFRAG), que es un organismo privado. El objetivo es contar con una información relevante, de calidad, comparable entre las distintas compañías, fácil de usar y procesar.
Esta nueva directiva supone un auténtico tsunami por el aumento del detalle de la información, el número de compañías afectadas y el coste que supondrá para las mismas.
Esta nueva directiva supone un auténtico tsunami por el aumento del detalle de la información, el número de compañías afectadas y el coste que supondrá para las mismas. El riesgo, es que se convierta en un enorme ejercicio burocrático, otro más, donde las grandes beneficiadas sean solo las empresas de consultoría.
La norma se implementará independientemente de que las entidades estén cotizadas o no, lo que extiende el ámbito a compañías controladas por fondos de inversión y a las pequeñas empresas familiares.
La propia directiva estima que el número de compañías afectadas será aproximadamente de 49.000, frente a 12.000 actualmente obligadas por la norma de 2014. La UE estima que el coste anual recurrente está alrededor de los 3.600 millones, que se añade a los que ya tienen que soportar para facilitar la información obligatoria de la UE sobre Taxonomía (clasificar que actividades se pueden considerar verdes de acuerdo con el reglamento de la UE).
La norma abandona el concepto existente de información no financiera, dadas las implicaciones económicas de muchos de los riesgos analizados, especialmente los climáticos, para hablar exclusivamente de información sobre sostenibilidad.
La directiva amplia los requisitos de información actuales, con mayores requerimientos sobre su estrategia, sus objetivos, los principales impactos adversos relacionados con la empresa y su cadena de valor, factores sociales, o de derechos humanos, o sobre sus activos intangibles, con mayor peso cada día sobre en empresas de tecnología. Las compañías deben comunicar información cualitativa y cuantitativa, información prospectiva y retrospectiva, e información que abarque horizontes temporales a corto, medio y largo plazo.
Las entidades deben facilitar la información necesaria para comprender cómo les afectan los factores de sostenibilidad y para comprender los impactos de la propia empresa en la sociedad y el medio ambiente, el llamado principio de doble materialidad. La información sobre sostenibilidad pasa a formar parte del informe de gestión y por tanto debe publicarse en el mismo documento, al mismo tiempo que la información financiera y en soporte digital.
Dejarán por tanto de ser validos los informes que muchas compañías emitían de forma separada y con posterioridad a la publicación de las cuentas anuales. Esto les supondrá mayor presión en sus procesos internos para cumplir con las fechas de presentación.
Su inclusión dentro del informe de gestión supone un cambio cualitativo muy importante dado que por primera vez y de forma obligatoria el Consejo de Administración debe firmar y asumir responsabilidad sobre la información sobre sostenibilidad. Se debe informar también del papel del Consejo y los directivos en todo lo referente a la misma.
Se aumenta el grado de exigencia, al fijar como obligatoria una auditoria o revisión limitada sobre la información de sostenibilidad. Esta obligatoriedad de verificación independiente, ya está recogida en el artículo 49.6 del código de comercio español, que fija como obligatorio que el informe de la entonces llamada información no financiera se presente como punto separado del orden del día para su aprobación en junta.
La auditoria limitada se suele recoger de forma negativa, expresando que no se han identificado por el auditor aspectos o riesgos que podrían suponer riesgos materiales para la compañía. Una auditoria completa, con el objetivo equiparar la calidad de la información sobre sostenibilidad con la información financiera, aumentaría de nuevo los costes para las empresas y exigiría una homologación de los procesos de obtención de la información sobre sostenibilidad, muy improbable de poder realizarse en estos momentos.
La nueva legislación supone un importante esfuerzo de armonización de toda la información, pero solamente es válida para Europa, lo que supone una debilidad
La nueva legislación supone un importante esfuerzo de armonización de toda la información, pero solamente es válida para Europa, lo que supone una debilidad. Genera un nuevo incremento de costes tanto económicos como de personal y medios necesarios para su cumplimiento, tras los ya incurridos en los últimos años. Los resultados empresariales están sufriendo en el entorno actual y las cotizadas, son castigadas en bolsa por sus mayores costes y menores resultados.
Mientras tanto, las emisiones siguen creciendo a nivel mundial. El camino hacia una economía más sostenible exige inversión real, asignación de capital tanto público como privado. Esa es la gran asignatura pendiente.
