Audiencia Nacional decidirá el próximo miércoles si juzga a Botín

Madrid, 17 dic (EFECOM).- La Audiencia Nacional comunicará el próximo miércoles si se celebra el juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y veinte clientes por el caso de las cesiones de crédito, por el que pudo haber un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez-Bermúdez, será el encargado de trasladar la decisión a las partes, después de escuchar sus argumentos durante las dos jornadas de cuestiones previas que tuvieron lugar el pasado mes.

Mientras la acusación pide 180 años de cárcel para los directivos del Banco Santander, el fiscal Vicente González Mota coincide con las veinticuatro defensas de los imputados al pedir que no se inicie el juicio oral pues carece de legitimidad la acusación encabezada por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), a la que la defensa de Botín liga a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto.

Además de pedir el sobreseimiento libre del caso, lo que significaría que los hechos relatados quedarían como "cosa juzgada", el fiscal se ha reservado las acciones legales.

Esto, según fuentes jurídicas, podría afectar a los veinte clientes imputados por un presunto delito fiscal que se investigó en más de 47.000 operaciones por un importe superior a los 432.000 millones de pesetas (2.596 millones de euros).

Entre los nuevos documentos aportados a la causa figuran dos informes periciales realizados a petición del Banco Santander que avalan el archivo del caso de las cesiones de nuda propiedad, al no existir delito fiscal ya que, en el peor de los casos, la cuantía de lo defraudado por los 21 imputados no sobrepasa los 120.000 euros.

Si los clientes tienen descubiertos por debajo de esta cantidad (unos 20 millones de pesetas de la época), ninguno de ellos habría cometido un delito fiscal, sino una infracción tributaria grave que habrían de saldar con Hacienda, mediante su correspondiente acta.

Fuentes jurídicas recordaron a EFE que la mayor parte de los 21 clientes imputados regularizaron su situación con la Agencia Tributaria entre 1993 y 1996 aunque, según la acusación particular en este caso, las cuotas defraudadas superarían los 3 millones de euros (500 millones de pesetas).

Sin embargo, la defensa del Banco Santander sostiene que para una inversión que supera los 10 millones de euros (1.700 millones de pesetas) no hubo defraudación de cuotas por encima de los 1,5 millones de euros (245 millones de pesetas) en el ejercicio 1989.

En sus intervenciones previas, el fiscal se mostró en contra de la prescripción de los delitos, que pidieron varios clientes, y de que el proceso penal no pueda tener validez porque muchos de ellos normalizaron su situación con Hacienda, a través de declaraciones complementarias desde 1991 a 1996.

Pese a que la juez Teresa Palacios, quien instruyó el caso, vio "indicios de delitos" y decidió abrir juicio oral hace dos años, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento en catorce ocasiones.

También la Abogacía del Estado -representante de la Agencia Tributaria- ha pedido el sobreseimiento del caso, hecho que critican tanto ADIC como la otra acusación popular de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), pendiente de que se le autorice a actuar como tal en este juicio ya que entregó fuera de la plazo el escrito de acusación.

Las cesiones de crédito eran una modalidad de inversión por la cual el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos.

Este tipo de contrato comercializado por el Santander entre los años 1987 y 1991 permitió a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento de los rendimientos.

La mayor parte de los clientes regularizó con Hacienda sus deudas en 1996, aunque las acusaciones particulares de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, sostienen que hubo delito fiscal por el ejercicio de 1989 por parte de 21 imputados, a título personal o como administradores de sociedades.

La defensa del banco siempre ha reiterado que las cesiones eran un producto legal en su tiempo y que los clientes normalizaron su situación con Hacienda.

Ahora, la Audiencia Nacional es la que tiene que decidir sobre la presunta responsabilidad de Botín y otros tres directivos del banco -Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel- en esta operativa, en lo que podría haber un delito continuado de falsedad documental y falsedad mercantil. EFECOM

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