SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, afirmó que el sector atraviesa una "crisis bastante profunda" que atribuyó, más que al propio mercado, a la "crispación" política en torno al urbanismo y a las "alarmas sociales" como las que generan los anuncios de derribos de viviendas ilegales.
En declaraciones a Europa Press, Arranz, que señaló que la dimensión de esta crisis es "similar" a la que vivió el turismo residencial en 1992, arguyó que este tipo de circunstancias "de alguna forma, perjudican mucho la serenidad del mercado y el inversor es el primero que se va".
En este sentido, afirmó que las grandes constructoras y promotoras nacionales "se están yendo de las zonas turísticas residenciales en las que estaban", especialmente en la Costa del Sol, "lo que denota que mercado está bajando y estamos en crisis". Apuntó que las empresas buscan nuevas localizaciones para sus proyectos "si no ven una rentabilidad clara".
Tras destacar la "tremenda recesión" que ha experimentado en la zona malagueña el mercado inglés, por los acontecimientos que se han sucedido, remarcó que "la crisis es una realidad desde hace más de dos años y ahora estamos en la parte más profunda".
El presidente de los urbanizadores andaluces precisó que si la crisis no es tan fuerte como la de 1992, los empresarios al menos tienen "la misma sensación".
PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL
De otro lado, Arranz incidió en que normas como el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) "agarrotan" al inversor y afirmó que "cuantas más dificultades, más se tarda" en desarrollar los proyectos, lo que propicia un encarecimiento del producto final.
De este modo, respondió al presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien garantizó en el Parlamento que su anuncio de "flexibilidad" en relación a las limitaciones al crecimiento urbanístico del 40 por ciento en suelos y del 30 por ciento en población en ocho años que establece este documento no supone "debilidad o marcha atrás" tras las críticas de la patronal.
El presidente de los urbanizadores, que consideró que los ayuntamientos sufrirán un "parón" al tener que "adaptar sus planes generales a estas normas", advirtió de que "una de las cosas que más cuesta es el tiempo que se tienen los productos parados" e indicó que los proyectos se desarrollan con financiación bancaria, lo que "tiene su coste y, al final, el que lo paga es el comprador".
"El empresario entiende que el Gobierno quiera controlar el crecimiento y la calidad, siempre y cuando se agilice y se ayude al empresariado", remarcó, tras lo que subrayó que "los cinturones que están poniendo con el POTA y los POT, son dificultades".
También calificó de "absurdo" que se pretenda aplicar una norma "tan generalista" a una región como Andalucía, "tan diferentes unas provincias de otras", por lo que propuso que se acometa un estudio "pormenorizado" sobre las circunstancias de cada población para conocer "cuáles pueden crecer más y cuáles menos".
Según dijo, Fuengirola (Málaga) puede estar agotada en un 95 por ciento, pero otros municipios presentan una "potencialidad de crecimiento enorme", con lo que lamentó que "por culpa" de este tipo de regulaciones se "frene" la generación de riqueza y empleo en el futuro.
(EUROPA PRESS ANDALUCIA)
