El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy con 569 votos a favor, 47 en contra y 4 abstenciones una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos -entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch- tras las insuficiencias detectadas a raíz de las turbulencias financieras.
El texto aprobado ya ha sido pactado con los Gobiernos de los 27, lo que pone fin al procedimiento legislativo. Entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. La votación carecía de incertidumbre: el texto llegó bien atado tras el acuerdo previo entre la Comisión Europea, los eurodiputados, y los ministros de Economía y Finanzas.
Los conflictos de intereses
Las agencias de rating han sido acusadas de no avisar a tiempo de los problemas de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y de tener por ello una gran responsabilidad en la actual crisis financiera. Para evitar que estos problemas se repitan, la nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.
"El reglamento contribuirá a garantizar a los inversores la información, la integridad y la imparcialidad que necesitan de las agencias de rating para tomar decisiones prudentes en materia de inversión, que favorezcan el crecimiento y el empleo en lugar de crear burbujas de riesgos excesivos", dijo el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, a través de un comunicado.
El compromiso final alcanzado entre la Eurocámara y los Gobiernos prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de rating que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.
Colegio de supervisores
Los reguladores nacionales decidirán sobre el registro y también sobre la pérdida de la licencia en caso de incumplimiento de las reglas comunitarias. La norma prevé la creación de un colegio de supervisores, en el que estén representadas las autoridades de los 27, que servirá como plataforma para intercambiar información en materia de supervisión y para mejorar la coordinación.
Para evitar los conflictos de interés entre las agencias y las empresas a las que evalúan, la norma establece que los analistas que elaboran los rating estén sometidos a un mecanismo de rotación. Las agencias deberán desvelar las metodologías que utilizan para elaborar su calificaciones y publicar anualmente un informe sobre transparencia.
Además, no podrán prestar servicios de asesoría y deberán poner en marcha un sistema de control interno de la calidad de sus calificaciones. Su consejo de administración deberá contar con al menos dos miembros independientes cuya remuneración no dependa de los resultados económicos de la agencia. Estos miembros estarán nombrados para un mandato único de cinco años. Sólo podrán ser destituidos en caso de falta profesional. Uno de ellos, como mínimo, deberá ser experto en seguros y financiación estructurada.
Oleada reguladora
Tras ser adoptada la norma sobre las agencias de rating, la Comisión Europea se dispone a presentar la semana que viene una nueva batería de iniciativas para tapar otros agujeros en la regulación y la supervisión de los mercados que la crisis ha puesto en evidencia.
En el disparadero tiene una propuesta de directiva sobre los gestores de hedge funds o fondos de inversión libre, los de private equity -fondos que invierten en empresas no cotizadas-, y otros fondos alternativos. Bruselas lleva un lustro resistiéndose a regular este sector, y los socialistas europeos dicen que el borrador de la directiva es un coladero lleno de vacíos legales.
También presentará una recomendación para que los sueldos de los jefazos sean más transparentes. Y en junio prevé plantear una propuesta legislativa que endurezca los requisitos de capital y solvencia de las entidades financieras que den a sus directivos primas elevadas por asumir riesgos a corto plazo.
¿Por qué confiar en las agencias de calificación?
